BUTIFARRÈNDUM II (septiembre-octubre de 2017)

En esta entrada de mi ciberbitácora llevo a cabo un análisis de la anticonstitucional convocatoria de reférendum ilegal de autodeterminación por parte del (des-) Gobierno de la Generalitat de Catalunya.

Decreto 139/2017, de 6 de septiembre, de convocatoria del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7450 [7 de septiembre de 2017], 1-2, p. 1)

Entrada actualizada a lo largo de los meses de septiembre y octubre de 2017.

 

Butifarrèndum II

Sigo con estupor todo «el prusés» separatista catalán. Tanto en época contemporánea como en la investigación del pasado, he visto muchas barbaridades publicadas en boletines y diarios oficiales. Por la cosa histórica, me he bajado de Internet el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña de hoy, como recuerdo del día en que el (des-) Gobierno de la Generalidad de Cataluña perdió definitivamente el rumbo.

Hoy, día 7 de septiembre de 2017, han sido publicados en Cataluña —y por ende, en España— dos diarios oficiales, con los números 7450 y 7450A. El número 7450A es el normal, digamos; el número 7450 tiene la apariencia de una edición especial que contiene solo los decretos (léase las fantasías literarias) de la Generalitat de Catalunya números 139 y 140. Especulo que ese número del DOGC debe de estar hecho a toda prisa porque no han tenido ni tiempo de paginarlo: empieza en la página 1, llega hasta la 2, vuelve a empezar en la página 1 y llega hasta la 108 (en total, ese diario «oficial» tiene 111 páginas, con un sumario por delante).

 

Fantasía animada de ayer y hoy número 139/2007

El «decreto» o fantasía animada de ayer y hoy número 139 es el decreto de convocatoria del referéndum de autodeterminación de Cataluña. Está firmado en primer lugar por el presidente de la Generalidad de Cataluña, Carlos Puigdemont i Casamajó, y a continuación por el vicepresidente y los consejeros —en su fantasioso e imaginativo constructivismo radical, les parecerá a ellos que si lo firma mucha gente tendrá más vigor jurídico o algo—. Esta anti-norma no reglamentaria es muy breve: consta de un artículo único y de una disposición final diciendo que entrará en vigor el mismo día de su publicación «oficial», qué risa. Fue dado anoche, con nocturnidad: está fechado en Barcelona, el 6 de septiembre de 2017. Por Internet corre la foto del individuo Carles Puigdemont firmándolo.

Decreto 139/2017, de 6 de septiembre, de convocatoria del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7450 [7 de septiembre de 2017], 1-2, p. 1)

Estas vacaciones de verano he estado buceando mucho. Me he debido de perder algo mientras estaba sumergido, porque en este Estado de Derecho que asegura el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular que se llama España o Reino de España, del que la comunidad autónoma de Cataluña forma parte, el único que puede convocar un referéndum —y eso, en los casos previstos en la propia Constitución—, es el Rey (artículo 62.c de la Constitución española).

Constitución española de 27 de diciembre de 1978. Boletín Oficial del Estado núm. 311 (29 de diciembre de 1978), 29313-29424. Artículo 62.c

Ahora tenemos que el individuo Puigdemont (junto con el resto de la troupe) va y convoca un referendo; de autodeterminación, nada menos. Entonces, con la Constitución española y un decreto publicado en un diario oficial del Estado español a la vista, y aplicando elementales reglas lógicas, he de colegir lo siguiente:

  • o bien que, mientras estaba sumergido practicando submarinismo, el individuo Carles Puigdemont i Casamajó ha devenido en conde de Barcelona y rey de España con el nombre de Carlos V de España, y yo no me he enterado —anda, que ya me vale—;
  • o bien que el individuo Carles Puigdemont i Casamajó es un presunto prevaricador como la copa de un pino piñonero, para empezar, y se arroga funciones que no le corresponden y dicta resoluciones que vulneran todo lo establecido en el ordenamiento jurídico y en las sentencias de los tribunales del Estado español, comenzando por la Constitución española y continuando por las sentencias del Tribunal Constitucional. Según sus propias palabras, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, está ultimando una querella criminal dirigida contra los miembros del Gobierno de la Generalidad de Cataluña por haber dictado los decretos de convocatoria y organización del referéndum. No obstante, eso, como es de rigor, tendrá que sentenciarlo un tribunal.

La navaja de Ockham, también llamada principio de economía o principio de parsimonia, es un principio lógico y metodológico según el cual en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Ese principio permite valorar el poder heurístico de hipótesis alternativas. Aun concediendo que pudiere hallarse la explicación de los actuales acontecimientos en la primera de mis hipótesis, aplicando la navaja de Ockham sospecho que la hipótesis más probable es la segunda.

Y digo que probablemente estemos ante un presunto prevaricador como la copa de un pino piñonero porque, claro está, si seguimos leyendo artículos de la Constitución española, resulta que pueden ser sometidas a referéndum consultivo aquellas decisiones políticas que se consideren de especial trascendencia; genial. Pero, aparte de corresponder al conde de Barcelona, rey de España y jefe del Estado español su convocatoria —o sea, a un señor que se llama Felipe de Borbón y Grecia, más conocido como Felipe VI de España, no como individuo Puigdemont—, el referéndum ha de ser propuesto por el presidente del Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados y de acuerdo con ciertas condiciones establecidas por ley orgánica (artículo 92 de la Constitución española).

Constitución española de 27 de diciembre de 1978. Boletín Oficial del Estado núm. 311 (29 de diciembre de 1978), 29313-29424. Artículo 92

Pues, no sé, estoy en la creencia de que el presidente del Gobierno de España es Mariano Rajoy Brey en el momento de redactar estas líneas, y que el Congreso de los Diputados está en la plaza de las Cortes de Madrid, no en el parque de la Ciudadela de Barcelona. No tengo constancia de que Mariano Rajoy haya hecho ninguna propuesta de referéndum. Pero igual es que ando despistado; a ver si es que tengo nitrógeno residual en mis tejidos o he quedado afectado por alguna descompresión mal hecha y estoy dando signos de deterioro cognitivo.

También está el «pequeño detalle» de que, por aquello de la democracia y de que la soberanía nacional reside en el pueblo español, en los referendos legales convocados en España la consulta se ha de extender a todos los ciudadanos españoles, y no solo a la parte de los ciudadanos españoles que le venga bien al individuo Puigdemont y sus secuaces.

«La sobirania nacional resideix en el poble espanyol, del qual emanen els poders de l’Estat». Constitución española de 27 de diciembre de 1978. Boletín Oficial del Estado núm. 311 (29 de diciembre de 1978), 29313-29424. Artículo 1. Esta versión en catalán me la he bajado del Tribunal Constitucional de España

Es que, mira tú por dónde, la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum es una competencia exclusiva del Estado (del Estado español, no de la comunidad autónoma de Cataluña). Eso está regulado en el artículo 149.1.32.ª de la Constitución española.

He dicho hace unas líneas que Cataluña forma parte de España. Estoy muy seguro de que la comunidad autóma de Cataluña forma parte de España porque así se recoge con mucha claridad en el artículo 3.2 de su Estatuto de Autonomía. Es esa parte que dice:

Cataluña tiene en el Estado español y en la Unión Europea su espacio político y geográfico de referencia e incorpora los valores, los principios y las obligaciones que derivan del hecho de formar parte de los mismos.

Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Boletín Oficial del Estado núm. 172 (9 de agosto de 2006), artículo 3

Eso por no recordar que Cataluña forma parte de España desde el reinado de Fernando II de Aragón el Católico, allá por el siglo XV. Paradójicamente, fue el barcelonés Ramón Lázaro de Dou y de Bassols, diputado provincial por Cataluña en las Cortes de Cádiz, quien fue elegido primer presidente de dichas Cortes —las que promulgaron la prístina Constitución de España, la Pepa de 1812—.

En fin, el propio conde de Barcelona, rey de España y jefe del Estado español refrenda mi punto de vista y pone verde a la Generalitat de Catalunya, tachando a determinadas autoridades autonómicas catalanas y sus acciones de ilegales, anticonstitucionales, desleales, antidemocráticas, irresponsables y unas cuantas cosas más. O sea: si no se vulnera la racionalidad semántica, lógica y evaluativa, la pura verdad (solo discrepo en el empleo del término autoridades para aludir a esa panda de golfos apandadores que no ostentan el menor atisbo de autoridad en segunda y tercera acepción). El rei d’Espanya ha parlat clar i català:

 

 

Merrie Melodies número 140/2007

El decreto o Merrie Melodies número 140/2017 contiene normas complementarias para la realización del butifarrèndum de autodeterminación de Cataluña. Está firmado por el presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont i Casamajó, y el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras i Vies.

Es un texto de 108 páginas. Las 13 primeras páginas corresponden al decreto o cuento de Calleja propiamente dicho, y de la página 14 hasta la 108 se recoge un extenso anexo que contiene modelos de actas de constitución de mesas, de escrutinio, de credenciales de agentes electorales y hasta de observadores electorales internacionales y, entre otras paridas, hasta una declaración de principios para la observación internacional de elecciones y un código de conducta para los observadores internacionales.

Decreto 140/2017, de 6 de septiembre, de normas complementarias para la realización del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7450 (7 de septiembre de 2017), 1-108, p. 1

Me parece que no tiene desperdicio el artículo 2 de la catalana ficción número 140/2017, alusivo al «marco jurídico» relativo a la preparación, organización y/o celebración del butifarrèndum. (A ver si no va a ser que se han equivocado y el texto antijurídico debería poner «marco onírico»). Tiene bemoles que los individuos Puigdemont y Junqueras hagan referencia a un «marco jurídico» cuando ellos mismos se están pasando todo el marco jurídico mundial, europeo y español por el arco del triunfo. Es así como estos individuos realizan el principio de «lealtad institucional» que fundamenta las relaciones de la Generalitat de Catalunya con el Estado español. Esto ya no es ser caradura; esto ya es tener la faz de hormigón armado. Mon Dieu, qué desfachatez.

Ni que decir tiene que las normas jurídicas (leyes, reglamentos) emanados de las comunidades autónomas forman parte integrante del ordenamiento jurídico español en virtud del artículo 147 de la Constitución española y, evidentemente, yendo a la contra de la Carta Magna, no hay derecho de la comunidad autónoma de Cataluña que valga. Eso ya lo ha pronunciado repetidas veces el Tribunal Constitucional, la Judicatura, la Fiscalía y el sursuncorda; pero, para el individuo Puigdemont y sus compinches, como quien oye llover.

He pasado las páginas de la fábula 140/2017 así por encima, deprisa y corriendo (obviamente, no voy a perder mi siempre limitado tiempo revisando semejante alucinación en profundidad; no soy psicoanalista). Por consiguiente, mi conocimiento de ese relato es muy superficial. Me ha parecido que tenían previstas muchas cosas. Sin embargo, no he advertido que tengan preparado un kit para facilitar a los responsables la realización de las funciones electorales y desarrollar correctamente «el prusés». Creo que sería conveniente distribuir algunos de los siguientes utensilios, dado el chirigotero carácter de la convocatoria, más propio de El Club de la Comedia que de un acto político serio:

Kit chirigotero propuesto para facilitar a los responsables la realización de las funciones electorales y desarrollar correctamente «el prusés». Aclaración: El utensilio rojo es una nariz de payaso

Una de las partes más fantasiosas (o procaces) del «prusés» es el intento de internacionalizar el asunto, como si Cataluña fuera una colonia o territorio ocupado de algún modo que debiera ser descolonizado o algo así.

Decreto 140/2017, de 6 de septiembre, de normas complementarias para la realización del Referéndum de
Autodeterminación de Cataluña. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7450 (7 de septiembre de 2017), 1-108, p. 94 (anexo)

Claro que, si comprobamos la lista de las Naciones Unidas relativa a territorios que más pronto o más tarde estarán sujetos a procesos internacionales de descolonización (The United Nations and Decolonization. «Non-Self-Governing Territories»), resulta que la española comunidad autónoma de Cataluña no sale, ¡mecachis! Sucede que el propio secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Mun, señaló explícitamente que Cataluña no está en la categoría de territorios con derecho a la autodeterminación. La internacionalització del procés s’ha fotut, llàstima.

Eso, por no mencionar la Resolución 1514 de la ONU, aprobada en la 947.ª sesión plenaria el 14 de diciembre de 1960:

Resolución 1514 de la ONU, aprobada en la 947.ª sesión plenaria el 14 de diciembre de 1960

Ante los errores en la invocación del Derecho Internacional para dotar de fundamento jurídico a la ley del referéndum de autodeterminación de Cataluña, 290 profesores de Derecho Internacional pertenecientes a la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI) han firmado una declaración sobre la falta de fundamentación en el Derecho Internacional del referéndum de indepencia que se pretende celebrar en Cataluña.

Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI): Declaración sobre la falta de fundamentación en el Derecho Internacional del referéndum de independencia que se pretende celebrar en Cataluña

Tiene «gracia», por decirlo de la manera más suave que se me ocurre, que esta gente ose publicar «códigos de conducta» en el DOGC cuando su propia conducta incumple todos los códigos jurídicos imaginables. Menuda pandilla de cínicos. Quina vergonya.

Ya que a estos sujetos les gustan tanto los códigos de conducta internacionales, a ver cómo justifican lo que están haciendo sin vulnerar la racionalidad semántica y lógica a la luz de lo dispuesto en el Código de buenas prácticas sobre referendos de la Comisión de Venecia. Porque dicho texto asienta lo que sigue:

El uso de los referendos debe cumplir con el sistema legal en su totalidad, y especialmente con las normas procedimentales. En particular, los referendos no pueden celebrarse si la Constitución o una ley conforme a ésta no los estipula, por ejemplo, cuando el texto sometido a referéndum es una cuestión de competencia exclusiva del Parlamento.

Comisión Europea para la democracia a través del Derecho (Comisión de Venecia): Código de buenas prácticas sobre referendos. Estudio núm. 371/2006. Estrasburgo, 20 de enero de 2009, pp. 13-14

Eso por no mencionar que el presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha remitido una carta a la eurodiputada Beatriz Becerra Basterrechea, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, en la que declara taxativamente lo siguiente: «Any action against the constitution of a Member State is an action against the European Union’s legal framework» («Cualquier acción contra la constitución de un Estado Miembro es una acción contra el marco legal de la Unión Europea»). Más claro, agua. La internacionalització del procés s’ha refotut. Hi ha que veure: tothom és molt dolent i no ens deixen fer el que vulguem passant-nos el Dret Internacional y el Dret Nacional d’Espanya pel folre dels collons.

Carta de Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, a la eurodiputada Beatriz Becerra Basterrechea, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Paralamento Europeo. Me la he bajado de su Twitter

Con arreglo al Derecho de la Unión Europea y al Derecho de España, el butifarrèndum catalán no puede ser más ilegal, antidemocrático, anticonstitucional, grotesco y patético. Es difícil imaginar una violación más frontal y un quebranto más grosero del Derecho Internacional y del Derecho Constitucional español. La valiente eurodiputada Beatriz Becerra lo explica con rigurosa precisión:

Citando las palabras de la eurodiputada Becerra, sin duda, hay que detener esta deriva con la firmeza de las instituciones democráticas españolas y europeas, y la posición común de la ciudadanía.

 

Tribunal Constitucional de España

Naturalmente, el Tribunal Constitucional de España, reunido de urgencia esta tarde del 7 de septiembre de 2017, ya ha suspendido cautelarmente la Ley del Referéndum aprobada ayer por el Parlamento de Cataluña, así como los decretos expuestos en este post. Creo que no han pasado ni veinticuatro horas; el Tribunal Constitucional está on fire.

Nota informativa núm. 62/2017, del Tribunal Constitucional de España (7 de septiembre de 2017). El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado suspender cautelarmente toda la ficción jurídica creada por el Parlamento y el Gobierno de la Generalidad de Cataluña con relación a el proceso secesionista

Así ha amanecido el viernes, 8 de septiembre de 2017, el Boletín Oficial del Estado por lo que atañe a los decretos 139 y 140 de la Generalidad de Cataluña. Todo impugnado y suspendido:

Boletín Oficial del Estado núm. 216 (viernes, 8 de septiembre de 2017), 88202-88203, p. 88202. Impugnación del Decreto 139/2017, de 6 de septiembre, de la Generalidad de Cataluña, de convocatoria del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña

Boletín Oficial del Estado núm. 216 (viernes, 8 de septiembre de 2017), 88204-88206, p. 88204. Impugnación del Decreto 140/2017, de 6 de septiembre, de la Generalidad de Cataluña, de normas complementarias para la celebración del referéndum de autodeterminación

Se suspendió la farsa jurídica catalana. Ya vale de dar tanto el espectáculo. Qué bochorno.

 

Perspectiva pedagógica de este asunto

Sin duda, hay voces mucho más doctas que la mía para valorar todo este asunto desde un punto de vista jurídico; yo no soy especialista en Derecho. Aunque, vaya, sé juntar las palabras y comprendo eso que pone el Código Civil en su artículo 3.1:

Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.

Conque no albergo la menor duda de que toda esta movida catalana (ojo: de solo una parte de los catalanes; hay muchos catalanes no separatistas y no-friquis) falla en la forma, en el fondo, en la letra y en el espíritu de la Ley; hace aguas por todos lados y es un despropósito íntegro de principio a fin, aparte de una cacicada.

Actualización (15-09-2017).— Ayer jueves, día 14 de septiembre de 2017, las cuatro asociaciones judiciales españolas —las cuales representan a buena parte de la Judicatura nacional— emitieron un comunicado del que he recortado un fragmento. Constato que me he quedado corto cuando he afirmado que la movida catalana era una cacicada, por lo que, basándome en dictámenes especializados, procedo a autocorregirme. No es una cacicada; aún peor: es una sarta de actos totalitarios. Fin de la actualización.

Asociaciones de Jueces: Comunicado del 14 de septiembre de 2017 (fragmento)

El análisis pedagógico es más mi campo. Estuve este pasado curso explicando en clase diversas teorías de educación moral como proceso cognitivo-evolutivo. Entre los autores más conocidos del llamado cognitivismo evolutivo moral están John Dewey, Jean Piaget y Lawrence Kohlberg.

La perspectiva pedagógica tiene su miga porque, para John Dewey, la democracia es un importante cometido de la educación y dedica el capítulo VII de su libro Democracia y educación a «La concepción democrática en la educación».

John Dewey: Democracia y educación. Una introducción a la filosofía de la educación. Madrid: Morata, 2002 (quinta edición)

John Dewey abrió el camino; Jean Piaget lo prosiguió. En su libro El criterio moral en el niño de 1932 (1984 en español), Piaget estudia la evolución del juicio moral en los niños, aplicando el método clínico. Centra su estudio en tres puntos, fundamentalmente: 1) las reglas del juego social, en lo que tienen de obligatorio para la conciencia del jugador honrado; 2) las reglas específicamente morales prescritas por los adultos y 3) la idea de la justicia.

Respecto al punto 1, las reglas del juego social, Piaget dice que «toda moral consiste en un sistema de reglas y la esencia de cualquier moralidad hay que buscarla en el respeto que el individuo adquiere hacia estas reglas» (Jean Piaget: El criterio moral en el niño. Barcelona: Martínez Roca, 1984, p. 9). En lo tocante a la práctica de las reglas del juego social, el autor distingue los siguientes estadios:

  1. un primer estadio, puramente motor e individual;
  2. un segundo estadio, llamado egocéntrico, que se sitúa en torno a los 2-5 años. Los niños en este estadio, incluso cuando juegan juntos, siguen jugando para sí, sin preocuparse por la codificación de las reglas;
  3. hacia los 7-8 años aparece un tercer estadio, que Piaget llama de cooperación naciente: «cada jugador intenta, a partir de aquel momento, dominar a sus vecinos, y por ello aparece la preocupación por el control mutuo y la unificación de las reglas» (p. 21);
  4. «finalmente, hacia los 11-12 años, aparece un cuarto estadio que es el de la codificación de las reglas. De ahora en adelante, no sólo las partidas quedan reguladas minuciosamente en los más mínimos detalles de procedimiento, sino que el código de las reglas a seguir es conocido por la sociedad entera. Los niños de una misma clase escolar dan, efectivamente, hacia 11 ó 12 años, informaciones de una concordancia notable cuando se les pregunta sobre las reglas del juego y sus variaciones posibles» (p. 21).

Me asombra que en nuestro país, en el que tenemos las reglas del juego democrático minuciosamente reguladas hasta en los más mínimos detalles de procedimiento, en el que el ordenamiento jurídico se hace público y se difunde a los cuatro vientos y hasta en Internet para facilitar su conocimiento, en cuya Constitución hay todo un título X dedicado a los procedimientos de reforma constitucional, &cétera, estemos inmersos en absurdos debates y sinsentidos acerca de si debe o no debe haber referendo catalán, de si los catalanes tienen derecho o no a votar y chorradas semejantes —habitualmente en plan anarquizante y montándose subjetivamente el personal lo que le place en su cabeza; raramente haciendo mención a la objetiva norma constitucional, que está fuera de sus descaminados procesos cerebrales— cuando, desde el punto de vista psicopedagógico, lo único que se hace es poner de manifiesto que un indeterminado número de sujetos anda por un desarrollo cognitivo-moral egocéntrico de seis años a lo más (= siguen jugando para sí, sin preocuparse por la codificación de las reglas conocidas por la sociedad entera).

Por si alguien no lo sabe, las reglas del juego democrático español están codificadas aquí, y a ellas hay que atenerse. Constitución española de 27 de diciembre de 1978. Boletín Oficial del Estado núm. 311 (29 de diciembre de 1978), 29313-29424

Antoni Bayona i Rocamora, letrado mayor del Parlamento catalán y responsable de los servicios jurídicos del Parlament de Catalunya, reconoció la ilegalidad que se estaba cometiendo en la Asamblea catalana. En cooperación con el secretario general del Parlament de Catalunya, Xavier Muro i Bas, dio orden de negarse a participar en trámite alguno a los funcionarios de la Cámara. Estos sí que demostraron haber alcanzado y superado el último estadio de desarrollo cognitivo-moral de Piaget, la etapa de codificación de reglas.

Ya no digamos si analizamos la cuestión desde la teoría de las seis etapas del razonamiento moral de Kohlberg. Según este autor, en el estadio de verdadera moralidad, el nivel más alto de razonamiento moral (nivel III), tipo 5 o moralidad de contrato, de los derechos individuales y de la ley aceptada democráticamente («Las seis etapas del razonamiento moral según Kohlberg», en Diane E. Papalia y Sally Wendkos Olds: Psicología. Madrid: McGraw-Hill, 1990, p. 473),

las personas piensan en términos racionales, valorando el deseo de la mayoría y el bienestar de la sociedad. Generalmente, se dan cuenta de que estos valores se apoyan mejor ciñendose a la ley. Aunque reconocen que a veces existen conflictos entre la ley y las necesidades humanas, creen que a largo plazo es mejor para la sociedad obedecer las leyes.

Desde mi pedagógico punto de vista, hay entre nuestros «líderes» una caterva de individuos egocéntricos maleducados antidemocráticos que no han pasado de un nivel de desarrollo cognitivo-moral infantil. Me refiero más concretamente a la primera infancia; en ese punto se quedó parado su desenvolvimiento moral. A las teorías psicopedagógicas me remito.

Luego, así nos va. Dando el cante y haciendo el rídiculo internacional, dilapidando una cantidad espeluznante de tiempo, energía y recursos en desmanes, promulgando «leyes» y publicando «decretos» manifiestamente anticonstitucionales en diarios oficiales —leyes y decretos que se suspenden al día siguiente—, deviniendo en el hazmerreír de Europa, &cétera. Ñapa es.

Aunque esto no es ninguna novedad. Ya lo explicaba muy bien Lope de Vega en su poema «A mis soledades voy», en La Dorotea (1632), acto primero, escena cuarta:

Virtud y filosofía
peregrinan como ciegos;
el uno se lleva al otro,
llorando van y pidiendo.

En 1979 fue promulgada la Ley 19/1979, de 3 de octubre, por la que se regula el conocimiento del ordenamiento constitucional en Bachillerato y en Formación Profesional de primer grado (Boletín Oficial del Estado núm. 240 [6 de octubre de 1979], 23283). En el análisis del BOE no se dice que esté derogada. Fue declarada vigente con rango reglamentario en la disposición final cuarta, apartado 2.4, de la Logse. Por cierto, la citada norma legal fue publicada hasta en catalán:

Ley 19/1979, de 3 de octubre, por la que se regula el conocimiento del ordenamiento constitucional en Bachillerato y en Formación Profesional de primer grado (Boletín Oficial del Estado núm. 240 [6 de octubre de 1979], 23283. Suplement retrospectiu núm. 1 [1979])

Aunque esa ley se mantenga en vigor, parece haberse producido un vaciamiento de la misma como resultado del devenir normativo educacional. Pienso que, aparte de revitalizar dicha norma jurídica, habría que añadir una disposición parecida a lo establecido en el artículo 148 de la Constitución de Weimar de 1919, cuyo contenido rezaba así: «Jeder Schüler erhält bei Beendigung der Schulpflicht einen Abdruck der Verfassung» («Todos los alumnos recibirán un ejemplar de la Constitución al finalizar su escolaridad obligatoria»). Mejor gastarse el dinero en ejemplares de la Constitución que en urnas y papeletas ilegales. Es patente que el desarrollo de una cultura constitucional es clave para el fortalecimiento de nuestro sistema democrático y, de paso, para ahorrarnos el show al que estamos asistiendo estos días.

(Para un conocimiento en profundidad del problema pedagógico, véase de Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell «La enseñanza de la Constitución en España. Por una cultura constitucional». Revista Jurídica de Castilla y León, número extraordinario [enero de 2004], 239-297).

Actualización (3-10-2017).— Ayer realicé un sondeo entre mis alumnos al objeto de que explicitaran sus concepciones respecto al Estado español. Descubrí que se han construido en su cabeza una especie de idea confederal del Estado; por así decir, como si España fuera una colección de pequeños estaditos más o menos soberanos que se pueden juntar o separar cuando les dé la gana, trocear al gusto y decidir lo que les plazca sin tener en consideración la opinión del resto de los españoles. Conforme a su descaminado montaje mental, el Estado español no sería anterior a las comunidades autónomas, sino que aquel se constituiría por agregación de «microestaditos» o algo así.

Quedaron no poco sorprendidos cuando les mostré el capítulo tercero del título VIII de la Constitución española de 1978, de acuerdo con el que España puede tener o no comunidades autónomas; ni siquiera es obligatorio o necesario que las tenga (el artículo 143.1 de la CE dice «[…] podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas […]». El artículo en cuestión dice «podrán», no deberán). Referirme a un país sin comunidades autónomas como el que yo conocí en los tiempos de la democracia primigenia era como hablarles de otro planeta. También les resultó chocante que los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas tuvieran que debatirse y aprobarse en las Cortes Generales (es decir, en el parlamento español, en la asamblea de todos los españoles).

Creo que ayer tomaron conciencia o medio entendieron por primera vez en su vida que, en virtud de la Carta Magna, la organización territorial del Estado español procede en origen por división del territorio nacional, no por adición de comunidades autónomas. Vale decir, que se parte del Estado español y se llega a la institución de las comunidades autónomas, no a la inversa. Ese grupo de estudiantes está compuesto por alumnos y alumnas mayores de edad (están cursando estudios superiores) pertenecientes a la generación Z razonablemente despiertos, atentos y participativos; manifiestan ganas de enterarse de las cosas. Así pues, constato el fracaso de la educación en España; al menos, en lo que se refiere a la cultura constitucional. He de poner de relieve que yo no soy su profesor de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, pero dada la gravedad y el alcance de los excepcionales acontecimientos vividos el domingo pasado, valoré apropiado dejar aparcada la programación de la asignatura por breve tiempo y detenernos un momento a analizar el caso. Fin de la actualización.

 

La democracia y la ley (actualización)

El nacionalismo posmoderno de corte folclórico-neofascistoide catalán ha querido oponer los conceptos ‘democracia’ y ‘cumplimiento de la ley’, como si hacer caso omiso del Derecho Internacional, del Derecho Europeo, del Derecho Constitucional Español, del resto del ordenamiento jurídico nacional y de las sentencias del Tribunal Constitucional fuera el no va más de la experiencia democrática. Pero sucede que la democracia y el imperio de la ley van de la mano. Así arranca el preámbulo de la vigente Constitución española:

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

Mientras reflexionaba sobre esto, recordé la Ley de Reforma Política de 1977. Es decir, la ley que permitió el tránsito del precedente régimen autoritario franquista al régimen plenamente democrático de que gozamos hoy:

Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política. Boletín Oficial del Estado núm. 4 (5 de enero de 1977), 170-171, p. 170

En su artículo 1.1 se dispone: «La democracia, en el Estado español, se basa en la supremacía de la Ley, expresión de la voluntad soberana del pueblo».

El modus tollendo tollens es una regla de inferencia lógica y un argumento válido. Por negación del consecuente, obtenemos la siguiente verdad:

En el Estado español, la democracia se basa en la supremacía de la ley. Si en el Estado español hay democracia, entonces la ley se cumple. Y la ley no se está cumpliendo en Cataluña. Por lo tanto, no hay democracia en Cataluña.

Esta es una verdad lógica irrebatible, y ningún sofisma patético, turba manipulada gritando ilegales y antidemocráticas consignas, vicepresidente lloriqueando, emotivismo radical, &cétera, logrará convencerme de lo contrario. Qué lástima que una parte de nuestros desgobernantes y conciudadanos tengan las racionalidades semántica, lógica, evaluativa… sujetas a su cerebro con un clip. No me extraña, dada la mierda de educación que han recibido, según se pone de manifiesto.

 

Y sigue… (actualización del 6 de octubre de 2017)

La mesa del Contraparlamento de Cataluña ha admitido a trámite la solicitud de convocatoria de pleno ordinario para el día 9 de octubre de 2017 a petición de los grupos Junts pel Sí (JpS) y Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent (CUP-CC) —los separatistas— al objeto de valorar los resultados del butifarrèndum del 1.º de octubre, ese evento circense «tan transparente» en el que los votantes votaban tres y cuatro veces —maravillas de la tri y tetralocación—, las urnas venían de fábrica llenas de papeletas, el número de votantes de ciertos municipios duplica o triplica el número de residentes empadronados en dichos municipios, &cétera. Traducción con subtítulos: con el objetivo de seguir con la bufonada y el paripé, y (se supone) proceder a la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) porque ellos lo valen de l’Oréal. Este tropel de majaderos golpistas siente que puede adoptar decisiones que afectan a todo el territorio nacional y al conjunto de los españoles sin contar con el parecer de más de cuarenta y cuatro millones de conciudadanos. S’han begut l’enteniment.

Dadas las dificultades de comprensión que parece haber con este asunto, lo representaré con sencillos diagramas de Venn, como aquellos que realizábamos en la clase de matemáticas en primero y segundo de primaria. En resumidas cuentas, la colección de catalanes separatistas del subconjunto amarillo anaranjado sencillamente no puede tomar por su cuenta y sin contar con nadie más decisiones que afecten y suplanten a la colección de españoles pertenecientes al conjunto mayor (el de color rojo). Menos politiqueo barato y más matemáticas:

Diagramas de Venn. Inclusión de conjuntos. Los catalanes separatistas, incluidos en el subconjunto de los catalanes, incluidos a su vez en el conjunto de los españoles, quieren tomar ellos solos las decisiones que afectan a los conjuntos mayores

«Es que, como soy un catalán separatista, no siento que el amarillo anaranjado sea un subconjunto del conjunto rojo». Bueno, yo no soy el causante de tus emociones y sentimientos irracionales, lo es tu supersistema límbico-hipotalámico; tal vez deberías probar a domeñarlo un poco con unas gotas de seny y racionalidad lógico-matemática. Tampoco tengo noticia de que las emociones y lo que uno sienta tenga valor justificativo o probatorio alguno en conexión con el conocimiento objetivo verdadero fuera de las relaciones amorosas, la investigación antropológica y la consulta psicológica/psiquiátrica. Aparte, no estoy debatiendo sentimientos, expongo hechos sociojurídicos y sociopolíticos documentados por medio de herramientas matemáticas, sin confundir deseos con realidades. Me acaba de venir a la cabeza un chiste de psiquiatras: Un psicótico cree que dos y dos son cinco. Un neurótico sabe que dos y dos son cuatro, pero le da rabia.

Llegados a este punto, yo también vull votar. Yo quiero votar en un referéndum de reforma constitucional de acuerdo con lo establecido en el título X de la Carta Magna. Deseo que la educación y la gestión de los cuerpos y fuerzas de seguridad sea competencia exclusiva del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución española.

Razones y argumentos: en Cataluña ya hace mucho tiempo que no distinguen entre el pedagógico concepto de ‘educación’ y el antipedagógico concepto de ‘adoctrinamiento político’. Igualmente, ya hace mucho que se conculca el principio de neutralidad ideológica que ha de presidir los procesos de enseñanza-aprendizaje que se llevan a cabo en los centros docentes públicos.

Frente a la crítica de la uniformidad del plan de estudios, nada impide llevar a cabo la descentralización curricular en el nivel de los centros; desde un punto de vista pedagógico, no es necesario que el primer nivel de concreción curricular esté compartido entre el MECD y las consejerías de educación de las comunidades autónomas. Las Matemáticas cántabras no difieren de las gaditanas, la Física aplica tanto en Vigo como en Ibiza, el Cantar de Mio Cid es el mismo dondequiera que se lea y lo mismo se puede predicar de La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda o de La pell de brau de Salvador Espriu, obras que leí y analicé —entre otras muchas— en la asignatura de Lengua Catalana en mis años mozos. Por cierto, se puede amar la lengua castellana y la catalana por igual, y estudiar con el mismo rigor tanto la una como la otra sin que te pase nada (bueno, sí que pasa: se produce mayor desarrollo en tu cerebro y adquieres más cultura). Pruebas:

No bajé de la calificación de excel·lent o sobresaliente en Lengua Catalana durante mis estudios de bachillerato. Obtenía la misma nota que en Lengua y Literatura Castellana

Con relación a la descentralización a nivel de los centros, los buenos profesores la han realizado siempre. En mis estudios de Bachillerato Unificado y Polivalente realizados en Ibiza (Islas Baleares), cuando estudiábamos Botánica en Ciencias Naturales, el profesor nos hizo elaborar un herbario de plantas ibicencas; ese trabajo era un clásico de su asignatura. En Geografía Física y Geología, como la isla tiene acantilados como los de els Amunts, relieves kársticos, poljés como el del pla d’Albarca, terra rossa, marjales como los de ses Feixes y todo tipo de accidentes geográficos, yo me los aprendí examinándolos in situ (íbamos algún día de excursión a analizar accidentes geográficos). Por razones obvias, en la asignatura de Historia se ponía cierto énfasis en la colonización fenicia y cartaginesa, en la Corona de Aragón y en el Reino de Mallorca medieval. Eso no impedía que estudiáramos a don Pelayo o a los Reyes Católicos. Una de las profesoras de Lengua y Literatura Castellana, natural de Zamora y afincada en Ibiza desde hace muchos años, ha sido galardonada por publicaciones escritas en catalán. Todo esto sucedía con un plan de estudios derivado de la Ley General de Educación de 1970 y aprobado en 1975, completamente centralizado.

Por lo que atañe a la gestión y organización, como soy funcionario de carrera de tres cuerpos docentes, resulta que estoy en tres situaciones administrativas diferentes. Respecto a un cuerpo, soy funcionario del Ministerio de Educación y Ciencia. Respecto al segundo, soy funcionario de la Comunidad Valenciana trasferido a la Comunidad de Madrid. Respecto al tercero, soy funcionario del Principado de Asturias. Un caos. ¿No se supone que somos cuerpos nacionales? Pues procesos selectivos para todo quisque en Madrid con tribunales constituidos por catedráticos y profesores de toda España y parte del extranjero, los mismos temarios y las mismas referencias curriculares, y así se evitan endogamias y se favorece la aplicación del principio de igualdad de condiciones en el acceso a funciones públicas, de acuerdo con el artículo 23.2 de la Constitucion española.

En lo tocante a la Policía, sucede que en teoría es un servicio público de seguridad y protección de la comunidad democrática y brazo del Poder Judicial, no un sirviente político del consejero de Interior o del mayor Trapero de turno. Los jueces catalanes son los primeros que no se fían de los mozos:

Consejo General del Poder Judicial. Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Información del 9 de octubre de 2017. Vigilancia del TSJCat bajo el mando del Cuerpo Nacional de Policía

Hala, ya está todo impugnado y el Tribunal Constitucional de España ha suspendido todo de nuevo. Qué bien vamos.

Tribunal Constitucional de España. Nota informativa núm. 72/2017, suspendiendo el pleno del Parlamento de Cataluña previsto para valorar los resultados del «butifarrèndum» del 1.º de octubre de 2017

Pleno del Tribunal Constitucional. Auto 134/2017, de 5 de octubre de 2017. Suspensión de convocatoria del pleno del Parlamento de Cataluña. Boletín Oficial del Estado núm. 241 (viernes, 6 de octubre de 2017), 96946-96949

 

Declaración unilateral de independencia de Cataluña (DUI del 10 de octubre de 2017)

En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas.

Dijo Puigdemont: «CONSTITUIMOS la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social», y no pasó nada.

Declaración de los representantes de Cataluña [= del 53,33 % de los representantes de Cataluña], de 10 de octubre de 2017

Y no pasó nada por varios motivos. El primero, porque el propio Puigdemont, en cuya fértil cabeza cuántica llena de universos paralelos Schrödinger’s cat paradox style cabe una cosa y la contradictoria, sí-pero-no, digo y me desdigo diciendo, no-se-sabe si voy, vengo o entretengo, &cétera, dejó sin efecto dicha declaración segundos después de haberla proclamado, para luego firmar el documento de la susodicha declaración… (?!). A decir verdad, no llegó a hacer ninguna proclamación de independencia en su discurso en el Parlamento catalán, sino que «asumió el mandato del pueblo que Cataluña devenga en un estado independiente en forma de república». La declaración propiamente dicha es el documento escrito firmado tras su comparecencia, del que un fragmento se muestra sobre estas líneas.

El segundo, porque a diferencia de los ultramodernos intuitivo-racional-empiristas como un servidor, los (piradísimos) posmodernos textualistas-pragmático-constructivistas radicales y delirantes tipo Puigdemont están en la creencia de que las palabras crean la realidad. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Puigdemont, y el Verbo era Puigdemont. Parole, parole.

El tercero, porque una exigencia sine qua non para la efectividad política y jurídica de la constitución de un estado soberano —más allá de la autocontemplación del propio ombligo y de otras prácticas onanistas mentales— es el reconocimento internacional, del que esa malograda «República catalana independiente y soberana» no goza. No tiene reconocimiento ni en España, ni en la Unión Europea, ni en la ONU.

No obstante, tras estos someros análisis, debo autocorregirme. En realidad, sí que ha pasado algo. Ha pasado que las tres asociaciones de fiscales de España han emitido este comunicado conjunto el mismo día de la fallida DUI catalana:

Comunicado de las tres asociaciones de fiscales de España ante la declaración unilateral de independencia (DUI) de Cataluña

A buen entendedor… Según parece, la estratagema barata de vulnerar la racionalidad semántica, lógica, jurídica… y los juegos de palabras en plan Heidegger-Derrida no han colado. Tic, tac, tic, tac…

 

Activación del artículo 155 de la Constitución española (11 de octubre de 2017)

El tenor literal del artículo 155 de la Constitución española es el siguiente:

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

La Constitución española contempla medidas de carácter excepcional o extremo para embridar a aquellas comunidades autónomas que no cumplen sus obligaciones constitucionales o atentan gravemente contra el interés general de España. En el caso catalán, coinciden ambas perspectivas: es notorio que las antiautoridades catalanas separatistas no cumplen sus obligaciones constitucionales y atentan gravemente contra el interés general de España (el crecimiento económico nacional empieza a verse afectado, por poner un ejemplo).

En virtud de este comportamiento institucionalmente desleal, el Gobierno de España ha activado la aplicación del citado artículo 155 de la Constitución, cuya procedimiento de aplicación se inicia con un previo requerimiento al presidente de la Generalidad de Cataluña.

Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de octubre de 2017. Activación del artículo 155 de la Constitución española

En dicho requerimiento se interpela a Puigdemont para que aclare con una respuesta meramente afirmativa o negativa (sí o no, para evitar heideggerianos juegos de palabras, irse por las ramas y marear la perdiz) si alguna autoridad de la Generalidad de Cataluña ha declarado la independencia de Cataluña y cuál es el sentido exacto de su declaración del 10 de octubre de 2017 ante el pleno del Parlamento de Cataluña; en caso de que tal declaración de independencia obtuviere respuesta afirmativa, se le ordena la revocación de dicha declaración, el cese de cualquier actuación dirigida a la promoción, avance o culminación del proceso constituyente y la restauración del orden constitucional y estatutario. Si algo de esto no se atendiere, el Gobierno de España propondrá al Senado la adopción de medidas al amparo del artículo 155 CE.

La vía del artículo 155 CE opera como medida de último recurso del Estado ante una situación de incumplimiento, manifiesto y contumaz, deliberado o negligente, de una determinada comunidad autónoma, que no ha adoptado, primero, por propia iniciativa, y luego, a instancia del Estado, las medidas oportunas para corregir la desviación en la que ha incurrido. El carácter altamente excepcional del mecanismo previsto en el artículo 155 CE se pone de manifiesto en que nunca ha sido aplicado un artículo similar ni en nuestra historia constitucional ni en la historia constitucional del ámbito geopolítico europeo al que pertenecemos. España, as usually, dando la nota internacional por obra y gracia de las friqueces nacionalistas catalanas.

 

Fiesta Nacional de España (12 de octubre de 2017)

El día 12 de octubre se celebran dos festividades en España a la vez; una a nivel local y otra a nivel nacional. Por un lado, están las Fiestas del Pilar, fiestas patronales de la ciudad de Zaragoza. Estas duran varios días; el presente año 2017, del 7 al 15 de octubre. Las celebraciones religiosas y la gran ofrenda de flores a la Virgen del Pilar tienen lugar el 12 de octubre.

Por otro lado, está la Fiesta Nacional de España. Aunque ha sido conocida de diversas formas, su nombre oficial es Fiesta Nacional o Fiesta Nacional de España, según dispone la Ley 18/1987, de 7 de octubre, que establece el día de la Fiesta Nacional de España en el 12 de octubre (Boletín Oficial del Estado núm. 241 [8 de octubre de 1987], 30149).

La ausencia de los presidentes de País Vasco, Navarra y Cataluña (los tres, nacionalistas, y los dos últimos, sedicentemente independentistas) a los actos oficiales de este año supongo que se explica por el carácter de conmemoración nacional de la festividad. Al fin y al cabo, tiene lugar una parada militar y se lleva a cabo un solemne homenaje de respeto y exaltación a la bandera de España, «enseña de la Patria y símbolo de su unidad y de la convivencia nacional» según el Real Decreto 862/1997, de 6 de junio, por el que se regulan los actos conmemorativos del Día de la Fiesta Nacional de España, en el ámbito del Ministerio de Defensa (Boletín Oficial del Estado núm. 151 [miércoles, 25 de junio de 1997], 19591).

Este es el tenor de la Ley de la Fiesta Nacional:

La fecha elegida, el 12 de octubre, simboliza la efeméride histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la integración de los Reinos de España en una misma Monarquía, inicia un período de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos.

Es decir, se está haciendo referencia al periodo de los Reyes Católicos y a la Monarquía Hispánica como resultado de la unión dinástica de la Corona de Aragón y de la Corona de Castilla, así como a la llegada de Cristóbal Colón al americano archipiélago de las Lucayas o de las Bahamas el 12 de octubre de 1492 (descubrimiento de América).

Otro nombre con que era conocida la fecha antes de la Ley de 1987 era Fiesta Nacional de España y Día de la Hispanidad. De conformidad con el Real Decreto 3217/1981, de 27 de noviembre, por el que se establecen normas para la celebración del 12 de octubre, Fiesta Nacional de España y Día de la Hispanidad, en la Fiesta de la Hispanidad «se conmemora el descubrimiento de América y el origen de una tradición cultural común a los pueblos de habla hispánica» (Boletín Oficial del Estado núm. 1 [1.º de enero de 1982], 3).

Bien que, como hemos visto, desde la Ley 18/1987 se prescinde de la denominación Día de la Hispanidad o Fiesta de la Hispanidad, no me consta que este real decreto esté derogado. Comoquiera que se llame, y según se desprende de la normativa jurídica en vigor, el 12 de octubre se conmemora la efeméride histórica del descubrimiento de América, poniéndose el énfasis en la proyección cultural que tuvo nuestro país en territorio americano.

En 1881 se celebró en Madrid la cuarta reunión del Congreso Internacional de Americanistas. De acuerdo con las actas, «por término de la reunión americanista de Madrid y ceremonia de despedida, dispuso la Mesa del Congreso un banquete fraternal para la noche del 29 de Setiembre, eligiendo el gran salón del Conservatorio de Música, a cuyo ordinario adorno agregó iluminación espléndida» (Congreso Internacional de Americanistas: Actas de la cuarta reunión. Madrid-1881. Tomo segundo. Madrid: Imprenta de Fortanet, 1884, p. 340). Me hace gracia que el Conservatorio de Música de Madrid, de cuyo claustro soy miembro, fuera el lugar en el que en cierto modo tuvo origen la Fiesta Nacional de España. Pero no adelantemos acontecimientos…

Al término de los brindis solicitó la palabra el joven americanista Tomás Montejo, quien leyó un proyecto grandioso y noble, aplaudido con unánime aquiescencia. El proyecto trataba sobre el descubrimiento de América por Colón y la conmemoración el día 12 de octubre de 1892 como día del Cuarto Centenario del descubrimiento del Nuevo Mundo.

Congreso Internacional de Americanistas: Actas de la cuarta reunión. Madrid-1881. Tomo segundo. Madrid: Imprenta de Fortanet, 1884.

Una de las propuestas concretas fue la siguiente:

Que los Gobiernos de todos los pueblos cultos declaren fiesta universal el 12 de Octubre de 1892, por corresponder á ese día el cuarto Centenario del descubrimiento del Nuevo Mundo, y que asistan con representación oficial á las grandes fiestas que en Italia, islas de San Salvador, Santo Domingo y Cuba, Portugal y España, deberán celebrarse en conmemoración de aquel suceso (ibídem, p. 350).

De resultas de dicha propuesta y a instancias del presidente del Consejo de Ministros Antonio Cánovas del Castillo, la reina regente del Reino María Cristina de Habsburgo-Lorena dio un Real Decreto el 23 de septiembre de 1892 por el que declaraba día de fiesta nacional el 12 de octubre de ese año, en que se celebraba el 400.º aniversario del descubrimiento de América. (Cien años después tuvo lugar la Exposición Universal de Sevilla de 1992 o Expo’92).

Real Decreto de 23 de Septiembre de 1892 (reina regente María Cristina), por el que se declara día de fiesta nacional el 12 de octubre de ese año, en el que se celebraba el aniversario del descubrimiento de América

«Como no podía ser de otra manera» —política muletilla—, he leído todo tipo de disparates y barbaridades acerca del origen de esta fiesta, disparates y barbaridades razonablemente esperables entre gentes a las que coger un libro científico o estudiar algún tema de modo serio y riguroso les produce urticaria u otras manifestaciones psicosomáticas, y bastante aficionadas a construirse su realidad y su posverdad con escaso o nulo sustento racional, documental o empírico.

El caso es que la fiesta trae origen remoto, tanto en España como en otros países iberoamericanos, del proyecto emanado del Congreso de Americanistas de Madrid, al que estaban asociados representantes de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, Inglaterra, Méjico, Noruega, Perú, Portugal, Rusia, Suiza, Uruguay y Venezuela.

También he leído muchas cosas en Internet acerca de «genocidio», «holocausto», «homicidio étnico y cultural americano» y otras hispanofóbicas lindezas por el estilo. Considerando que hoy es el Día de la Hispanidad, he entrado en el Corpus Diacrónico del Español (CORDE) para averiguar cuándo aparecen esos términos en nuestra lengua. Estos son los resultados:

  • genocidio está documentado en dicha base de datos desde 1955 (poeta José Ángel Valente);
  • holocausto, como «sacrificio religioso» (especialmente entre los judíos), está documentado desde el año 1200, pero no es esa la idea;
  • no existen casos para la consulta de «homicidio étnico»; el empleo del término étnico parece empezar a extenderse a finales del siglo XIX.

Asimismo, en el Tesoro de la Lengua Castellana o Española (1611, 1674) de Sebastián de Covarrubias únicamente aparece el vocablo holocausto, con el siguiente significado: «Era un sacrificio particular que los judíos hazían a Dios, en el qual no se reservava ninguna cosa de la víctima, sino que todo se consumía en el fuego». En los dos tomos de las actas del Congreso de Americanistas de 1881 solamente he encontrado holocausto de pájaros para los dioses y la necesidad de distinguir los diferentes elementos étnicos del Perú.

Por consiguiente, la predicación de esos atributos acerca de la gesta hispánica es contemporánea y reciente. Sucede que el tiempo es una magnitud escalar que solo avanza. El contacto entre el mundo hispánico europeo y el americano, y los procesos biológicos, psicológicos, sociales, económicos, culturales, políticos, jurídicos, religiosos, &cétera, que se sucedieron desde 1492 constituyen una colección de transformaciones históricas irreversibles. Desde luego, un servidor no va a cometer el fallo lógico de descontextualizar y evaluar los hechos del pasado con la perspectiva y los valores del presente, efectuando una especie de «extrapolación hacia atrás en el tiempo» o retropolación. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, no en el siglo XV, y trae causa de otros macroprocesos históricos irreversibles (la experiencia y las atrocidades de la II Guerra Mundial, concretamente). La «flecha del tiempo» —que ni es una flecha o vector, ni es del tiempo— apunta hacia delante exclusivamente, y extrapolar hacia el pasado es ilógico, como diría el vulcano Spock.

Aparte, me parece «un poquito» sesgado que no se hable nunca del Sermón de Adviento de fray Antón Montesino (1511), de las Leyes de Burgos u Ordenanzas para el tratamiento de los indios de 1512, de las Leyes de Valladolid de 1513, de las Leyes Nuevas de 1542 (influidas por los escritos de Bartolomé de las Casas), &cétera. También me parece «un poquito parcial del todo» que no se reconozca o mencione:

  • que la indígena nahua veracruzana Malinalli la Malinche (doña Marina) fue la intérprete, consejera e intermediaria de Hernán Cortés en la conquista del Imperio azteca o mexica, aparte de madre de sus hijos, de los primeros mestizos de América;
  • que la indígena inca cuzqueña Isabel Chimpu Ocllo o Isabel Suárez Yupanqui fue pareja del conquistador extremeño Sebastián Garcilaso de la Vega y madre del Inca Garcilaso de la Vega;
  • que los territorios americanos nunca tuvieron un estatuto colonial, sino que a los reinos de Indias se les daba un rango similar a los peninsulares;
  • que el poblamiento de núcleos tan importantes como Santo Domingo, La Habana, Veracruz, Campeche, Panamá, Cartagena de Indias, San Juan, Puebla de los Ángeles, Oaxaca de Juárez y otras muchas ciudades americanas respondió a modelos de urbanización españoles renacentistas (modelo ovandino y modelo de Mendoza);
  • el establecimiento de una extensa red de caminos reales para conectar los virreinatos americanos desde Argentina hasta Nuevo México;
  • la preocupación por la salud pública y el control de epidemias, que conllevó la erección de una red de hospitales en Hispanoamérica y Filipinas con estándares superiores a los europeos del momento. No hará falta aludir a la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna o Expedición de Balmis;
  • que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima (Perú), creada por mandato de la Corona española en 1551 y Decana de América, ha funcionado ininterrumpidamente desde su fundación;
  • que en América se instituyeron más de veinte centros de educación superior, los cuales incluían cátedras de medicina y lenguas indígenas desde tiempos de Felipe II;
  • que durante la ocupación napoleónica de España participaron en las Cortes de Cádiz diputados del Virreinato de Buenos Aires, de las capitanías generales de Chile, Cuba, Filipinas, Guatemala (la Capitanía General de Guatemala incluía los distritos de Costa Rica, Chiapas, Honduras, Nicaragua, San Salvador y Santiago de los Caballeros), de los virreinatos de Nueva España y del Perú, de la Capitanía General de Puerto Rico, del Virreinato de Santa Fe y de las capitanías generales de Santo Domingo y Venezuela;
  • que en la Constitución política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812, todos los antiguos reinos, virreinatos y asentamientos americanos y asiáticos constituían provincias de España, y que la Diputación Permanente de Cortes estaba compuesta por siete individuos, tres de las provincias de Europa, tres de las de Ultramar y el séptimo elegido a suerte entre un diputado de Europa y otro de Ultramar. Por consecuencia, en la Diputación Permanente de las Cortes Generales podía haber más miembros españoles americanos que españoles europeos;
  • que a principios del siglo XIX la América española era más rica y poseía mejores infraestructuras que los vecinos estadounidenses del norte, y que México o el Virreinato de Nueva España era el doble de grande (dos millones de kilómetros cuadrados más, de acuerdo con el Tratado de límites del 22 de febrero de 1819, o Tratado de Adam-Onís, reiterado por el Tratado para la demarcación de límites con los Estados Unidos del Norte de 1.º de diciembre de 1832 [México]).

Eso, por citar algún que otro contraejemplillo acerca de las relaciones entre las Españas que debilite la inexacta leyenda negra española (a este respecto, la lectura del libro de María Elvira Roca Barea ilustra).

Y ya, particularizando más, los primeros antepasados directos míos de los que tengo noticia que pusieron un pie en América (en Uruguay) a finales del siglo XIX fueron mi tatarabuelo y mi tío-tatarabuelo. Lo que hicieron allá lo he recogido en otra entrada de mi ciberbitácora. Aquí basta decir que mi ebusitano tatarabuelo español Juan Serra y Bufí está reconocido por la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay como uno de los cuatro cofundadores de Punta del Este (coimpulsor de la Declaratoria de Pueblo Ituzaingó en 1906), declaración de pueblo que «traería múltiples beneficios como la instalación de una comisaría, escuela, correo, etc.», no cabiendo duda de que «la historia de Punta del Este, es el reflejo de la historia misma de la Patria». El día 5 de julio de 2007 se declaró feriado no laborable para la ciudad de Punta del Este con motivo de conmemorarse los 100 años de su fundación.

Estoy seguro de que mis ancestros celebrarían con gran regocijo el Día de la Hispanidad, pues ellos mismos estuvieron involucrados directamente e hicieron importantes contribuciones al estrechamiento de los lazos entre España y América a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. De resultas, hoy existe una rama americana (los Serra uruguayos) de mi familia extensa. Brindo por ellos.

 

Anulación de la Ley del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña (17 de octubre de 2017)

El Tribunal Constitucional de España ha dictado sentencia de inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, denominada «del referéndum de autodeterminación», publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7449A, de 6 de septiembre de 2017. Hala, ya está fuera del ordenamiento jurídico español.

Nota informativa núm. 74/2017, del Tribunal Constitucional de España (17 de octubre de 2017). El Tribunal Constitucional declara inconstitucional y nula la Ley de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, denominada «del referéndum de autodeterminación»

Una de mis inconfesables aficiones secretas es leerme sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional; me gusta examinar la argumentación y encuentro que se aprende mucho analizando jurisprudencia. Me he leído completamente la nota informativa y parte de la sentencia del Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional es uno de los cinco órganos constitucionales del Estado español, a saber: la Corona, las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado = Poder Legislativo), el Gobierno (= Poder Ejecutivo), el Consejo General del Poder Judicial (= Poder Judicial) y el Tribunal Constitucional.

Comparando mis propias conclusiones con las de los magistrados del alto tribunal, observo que mi juicio no anda descaminado en absoluto. El Pleno del TC considera que la norma invade competencias estatales en materia de consultas de carácter refendario (lo dije), vulnera la supremacía de la Constitución (lo dije), la soberanía nacional (lo dije) y la indisoluble unidad de la nación española (lo he dicho en otras entradas de mi ciberbitácora, pero no en esta). El Parlamento de Cataluña incurrió en muy graves quiebras del procedimiento legislativo, la ley es con toda evidencia inconstitucional y se trata de una manifiesta negación del vigente ordenamiento constitucional (yo he dicho que se están pasando todo el marco jurídico mundial, europeo y español por el arco del triunfo).

La sentencia asevera que «un poder que niega expresamente el derecho se niega a sí mismo como autoridad merecedora de acatamiento». Yo no he sido tan fino en mi expresión, aunque sí he mencionado que las autoridades catalanas no ostentan el menor atisbo de autoridad y que son, de hecho, antiautoridades.

El TC recalca que el pretendido «derecho» catalán de secesión unilateral del Estado español no está reconocido ni en la Constitución ni en diversos tratados internacionales (se hace referencia al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y al Pacto de Derechos Económicos y Sociales, ambos suscritos por nuestro país). Me ha despertado cierta emoción el momento en que el TC ha recordado expresamente: «Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas», exactamente la Resolución 1514 de la ONU que yo colgué en mi post, ¡qué guay!, ja, ja, ja.

La sentencia reitera la competencia exclusiva del Estado para la convocatoria de referendos y que entre las competencias estatutarias de la comunidad autónoma de Cataluña no figura la regulación y convocatoria de referendos.

El Pleno del TC afianza firmemente lo siguiente: 1) El pueblo de Cataluña no es titular de un poder soberano, sino que la soberanía reside exclusivamente en la nación española constituida en Estado y 2) por lo mismo, el pueblo de Cataluña no puede ser identificado como un sujeto jurídico que entre en competencia con el titular de la soberanía nacional, que es la nación española. Yo añado que 3) la nación española incluye dentro de sí al pueblo de Cataluña y 4) he escuchado a un catalán separatista diciéndole a la Guardia Civil (en castellano): «¿Por qué no os vais a vuestra tierra?, ¡cago’n diez!» y «¡no entendéis nada de lo que está pasando aquí, nada!». Las respuestas a estas imprecaciones son obvias: 5) Los números de la Guardia Civil ya están en su tierra, es decir, en España; concretamente, en una comunidad autónoma española situada en el sector nororiental del país; y 6) el que manifiesta su retrógrado por medievalizante, antijurídico, antidemocrático y posmoderno pragmatismo-constructivismo radical, así como su analfabetismo funcional y su supina incultura jurídica, es el catalán separatista. Dicho más llanamente: es el catalán separatista el que no entiende nada, tan inmerso está en su fantasía (= en su ensoñadora construcción de su propia realidad).

El TC reitera mi propia posición: lo que a todos afecta (= a todos los españoles), debe ser, llegado el caso, reconsiderado y decidido también por todos. Por la nación de todos los españoles. Y si eso sucede, ha de hacerse conforme a lo establecido en el título X de la Carta Magna. Los magistrados del TC sostienen que el Parlamento de Cataluña ha consumado un ataque a la libertad de los ciudadanos. Desacertadamente y con falta de propiedad, los catalanes separatistas nos tachan a los que no tragamos sus mentecateces de «fascistas» y no sé qué tarascadas más (pero no ofende quien quiere, sino quien puede). Au contraire, los que atacan la libertad de los ciudadanos son los catalanes separatistas, Tribunal Constitucional de España dixit. O sea: que si aquí hay alguien totalitario y «fascista», es ese hatajo de sinvergüenzas. Pues qué duda cabe de que son ellos los que están deslegitimados jurídicamente.

La sentencia dictamina la plena deslealtad del Parlamento de Cataluña con la Constitución y el principio democrático, lo sitúa por completo al margen del Derecho (una forma suave de decir que Cataluña se ha convertido en el Salvaje Nordeste, en territorio comanche y en la comunidad sin ley). Desde una perspectiva procesal, el alto tribunal valora los procedimientos catalanes como insólitos, inéditos, arbitrarios y fuera de toda norma. Pura anarquía jurídica, vaya, en plan hoc volo, sic iubeo, sit pro ratione voluntas (Juvenal: Sátiras, VI, 223). Vale decir, el lema de una autoridad despótica.

En fin, nihil sub sole novum. Mientras es claro como el cristal que toda esta movida catalana (ojo: de solo una parte de los catalanes; hay muchos catalanes no separatistas y no-friquis) falla en la forma, en el fondo, en la letra y en el espíritu de la Ley; hace aguas por todos lados y es un despropósito íntegro de principio a fin, aparte de una cacicada y una sarta de actos totalitarios, hay personas con el juicio tan cegado y tan enajenados por sus arrebatos nacionalistas que están en la creencia de que es el no va más de la experiencia democrática. Claro que también hay gente que adora la comida chatarra, la música basura (como el reguetón) y la falsa democracia. Qué país, qué paisaje y qué paisanaje.

 

Països Catalans y el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Països Catalans…

Para mí es fácil empatizar con los catalanes no separatistas porque el presente conflicto catalán no es solo catalanista, sino pancatalanista. Aludo a concepción de los ‘Països Catalans’ de los radicales: «De Salses a Guardamar i de Fraga fins a Mahó, volem uns Països Catalans lliures e independents». Atención, que la CUP y Junts pel Sí (= 72 votos) votaron en el Parlamento de Cataluña a favor de una resolución que «reconoce el derecho de autodeterminación de los “Países Catalanes”» hace ahora un año. ¿72 personas decidiendo en un parlamento autonómico con relación a unos catorce millones de ciudadanos de dos países (Francia y España), un departamento francés y cuatro comunidades autónomas españolas, y cuyos efectos se extienden a más de ciento diez millones de nacionales franceses y españoles? Venga, ya; no fotis. Están mal de la olla.

Proposta de resolució 7. Països Catalans. Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña núm. 231/11 (10 de octubre de 2016), p. 123

Dicho de otra manera, el Parlamento catalán declaró en octubre de 2016 la supuesta existencia de una colección de territorios denominada Països Catalans, colección de territorios que tiene, porque la CUP & Junts pel Sí textual y posmodernamente así lo dicen (= «las palabras crean la realidad», ja, ja, ja), derecho de autodeterminación y derecho a decidir su estatus político. Cabe suponer, derecho a decidir su estatus político siempre y cuando sea dentro de los Países Catalanes, claro está. Se les ve el plumero a kilómetros.

Los ficticios «Països Catalans» incluyen un departamento francés: el departamento de los Pirineos Orientales. De acuerdo con el periódico francés La Dépêche du Midi, la resolución del Parlamento regional de Cataluña, que no pasó desapercibida en París, provocó un incidente diplomático. La diplomacia francesa envió una nota oficial de protesta a la Embajada de España en Francia, en la que recuerda que una institución extranjera «ne peut s’immiscer dans les affaires internes françaises» (= no puede inmiscuirse en los asuntos internos franceses). El Ministère des Affaires Étrangères galo señaló asimismo «déplorer que le Parlement catalan émette des résolutions qui portent atteinte à sa souveraineté» (= deplorar que el Parlamento catalán emita resoluciones que conllevan un ataque a la soberanía francesa). Uno se pregunta por qué la Embajada de España en Francia ha de recibir quejas diplomáticas por mor de las ilegales, anticonstitucionales e insensatas resoluciones aprobadas en el Parlamento de Cataluña.

 

…y el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Opino que dos de los mantras más repetidos de los instigadores del «prusés» son «el dret a decidir» (a decidir la autodeterminación de Cataluña y, ya puestos, la autodeterminación de lo que ellos consideran los «Países Catalanes») y «el dret a votar» (a votar la secesión ellos solos). Ya hemos visto que, en lo tocante al derecho a decidir la segregación de una parte del Estado y territorio español, el sujeto de dicho derecho es la colección de todos los españoles. No diré nada acerca de los deberes que acompañan dicho derecho, la otra cara de la misma moneda (como el deber de acatar los procedimientos de reforma constitucional).

Mentalmente, me imagino lo que estoy viendo estas semanas aconteciendo en las Islas Baleares dentro un tiempo. Puesto que lo que sucede en Cataluña suele acabar pasando en las Islas Baleares diez o quince años más tarde, deseo irme adelantando a los acontecimientos. Según los documentos públicos personales, individuales e intransferibles que poseo, ostento la nacionalidad española. Verbigracia, eso pone mi (caducado) pasaporte:

Ricardo Sanz y Tur. Nacionalidad española

Para mí el quid no es si me siento o me dejo de sentir español, si me gusta o no me gusta ser español, u otras psicoafectivas manifestaciones de mi personalidad. Me parece que mis emociones y sentimientos son prácticamente irrelevantes en conexión con la cuestión de mi nacionalidad por tres razones: primero, porque no elegí dicha nacionalidad; soy español de origen por ser nacido de padres españoles, y eso es todo (= la causa de que yo sea español hay que hallarla en una mixtura entre la efectiva actividad sexual y reproductiva de mis progenitores, y el contexto sociopolítico y sociojurídico en el que se produjo mi alumbramiento. Todo esto constituye una suma de procesos y circunstancias que me sobrevinieron siendo yo un mero sujeto paciente; no tomé parte activa en ninguno de ellos). Segundo, porque opino que el tema sentimental no se relaciona tanto con la nacionalidad cuanto con el patriotismo (en el extremo, con el patrioterismo). Bien que concedo que los conceptos de ‘nación’ y ‘patria’ se interpenetran, pienso que son distinguibles en el análisis. Tercero, porque la nacionalidad española que poseo es un hecho sociopolítico y sociojurídico, tanto si este hecho sociopolítico y sociojurídico me complace como si no. Y como yo soy poco emotivista-pragmático-constructivista radical, mis emociones, deseos y posverdades no modifican los hechos reales ni los documentos oficiales que legalizan estas realidades político-jurídicas.

Por cuanto todo el mundo habla de derechos, yo también me he informado de mis derechos. Por ejemplo, del derecho reconocido en el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a saber: el derecho a no ser privado arbitrariamente de mi nacionalidad.

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 15

Naturalmente, puedo intentar trasladarme a residir a otro país y, con el tiempo, tratar de adquirir la nacionalidad por residencia; o solicitar una carta de naturaleza al gobierno de dicho país y verificar si me la conceden. Eso estaría amparado en mi derecho a cambiar de nacionalidad. Pero quiero poner el acento en la primera proposición de la frase: «A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad». En una hipotética España troceada, no veo con claridad que las partes independizadas pudieran poseer la nacionalidad española o doble nacionalidad (catalana y española, pongamos por caso), porque esto dependería de convenios y protocolos de doble nacionalidad, que los diferentes estados no tienen obligación de suscribir necesariamente. Y eso, llevando a cabo los procesos de independencia adecuadamente (= respetando los mecanismos establecidos en el título X de la Constitución española). Ya no digamos si se trata de ejecutar un «prusés» derogando arbitrariamente el Derecho español (la Constitución española y el Estatuto de Autonomía catalán; así como, por extensión, el resto de estatutos de autonomía de las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana y Aragón).

No sé, yo soy pitiuso de origen. Me resulta llamativa la distinción que se hace en el texto de la resolución catalana entre «Illes Balears i Pitiüses», embarullando antiguas designaciones geográficas griegas, fenicias y romanas. Supongo que piensan que Illes Balears = Mallorca & Menorca (islas Gimnesias); Illes Pitiüses = Eivissa & Formentera (islas Pitiusas). La provincia romana Balearica fue instituida hacia el 385 en el Bajo Imperio romano, en tiempos de Teodosio I el Grande. La actual comunidad autónoma de las Islas Baleares se corresponde con la provincia Balearica romana y el Regne de Mallorques medieval. El vigente Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares establece que la comunidad autónoma de las Illes Balears está compuesta por todas esas islas, sin hacer la catalana distinción. Sabrán los gimnesios & pitiusos (= los mallorquines, menorquines, ibicencos y formenterenses) actuales cómo se llama su comunidad autónoma, digo yo.

Pero me resulta aún más chocante que el Parlamento de Cataluña, en una especie de estomagante paternalismo político anexionista, se arrogue la potestad de declarar el derecho de autodeterminación de territorios sobre los que no ejerce ninguna competencia. Porque las Islas Baleares tienen su propio parlamento, el cual ocupa el precioso edificio del antiguo Círculo Mallorquín, por cierto. Y tanto la isla de Ibiza como la de Formentera poseen su propio consejo insular (los consejos insulares tienen atribuida la representación de cada isla). O sea, cierto número de parlamentarios catalanes ya no solo «decide» la autodeterminación de Cataluña, sino que manifiesta «el derecho de autodeterminación» de los territorios que a ellos les parece, incluyendo la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, el departamento de los Pirineos Orientales francés y la Franja Oriental de Aragón, ahí es nada.

Y como este Parlamento catalán no es quién para proclamar tal inexistente derecho, porque la soberanía reside en la nación española respecto al territorio español (y en la nación francesa respecto al territorio francés), cualquier modificación del estatus político de las islas Pitiusas —como dicen ellos— y, subsecuentemente, de mi nacionalidad, sería completamente abusivo mientras no pase por las Cortes Generales y se apruebe en un referéndum nacional español. A ver si va a pasar dentro de un tiempo que estos necios me priven arbitrariamente de mi humano derecho a la nacionalidad española porque a ellos les da por ahí, y encima les parezca que conculcar sistemáticamente la legalidad es «muy democrático».

Y pensar que esto lo escribe alguien que experimenta escasa satisfación personal por el hecho propio de ser español… (hombre, mejor ser español que somalí. Mis sentimientos no van mucho más allá).

 

«Cop d’Estat “de facto”» (sábado, 21 de octubre)

Avui, el president Rajoy, amb una enorme irresponsabilitat política, ha traspassat tots els límits. Ha anunciat l’execució d’un cop d’Estat de facto.

21 de octubre de 2017. Carme Forcadell i Lluís. Presidenta del Parlament de Catalunya.

Como ya ha quedado ampliamente demostrado, los pragmático-constructivistas radicales posmodernos separatistas catalanes no cesan de construirse «su propia realidad» y su posverdad. La última muestra de estos eventos ha sido la declaración de Carme Forcadell, presidenta del Parlamento de Cataluña —y me parece que también expresidenta de los «forcos»—.

Toda la movida catalana me está viniendo bien para aplicar mis técnicas de investigación filosófica y científica en diversos apartados. Dice la presidenta del Parlamento catalán —recordemos, un parlamento regional o parlamento de una comunidad autónoma del Estado español— que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy Brey, ha anunciado la ejecución de un golpe de Estado de facto.

Que yo sepa, lo que Mariano Rajoy Brey ha hecho esta mañana del sábado, 21 de octubre de 2017, es presidir un Consejo de Ministros extraordinario en el que se ha adoptado un Acuerdo por el que se proponen al Senado para su aprobación las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales de la comunidad autónoma de Cataluña y para la protección del interés general de España. Y esto lo sé muy bien porque 1) tengo el texto del acuerdo delante de mí mientras escribo estas líneas (= tengo pruebas documentales) y 2) Carme Forcadell no ofrece la menor prueba en apoyo de su desorientada afirmación; se limita a decir lo que le sale de la bisectriz porque ella lo siente así (= se limita a expresar la emotivista y patética construcción de su propia y delirante realidad). Menuda cantamañanas.

Tampoco albergo la menor duda de que lo que dice Carme Forcadell es la construcción de su propia y delirante realidad porque me he tomado la molestia de revisarme la Constitución española de arriba abajo y analizar el término Estado. Pues, dado que Mariano Rajoy ha anunciado la ejecución de un golpe de Estado según la paranoica señora Forcadell, por la cosa de la racionalidad semántica habrá que enterarse, en primer lugar, de lo que es el Estado. Especulo que la señora Forcadell no ha acometido un estudio similar, y así le va.

Estos son mis resultados. El vocablo Estado se emplea de la siguiente manera en la Constitución española (facts & figures):

  • Estado: 45 veces;
  • Estado de Derecho: 1 vez;
  • Estado social y democrático de Derecho: 1 vez;
  • Estado español: 2 veces;
  • estado civil: 1 vez;
  • estado de excepción: 4 veces;
  • estado de alarma: 1 vez;
  • estado de sitio: 2 veces;
  • estados de alarma, de excepción y de sitio: 6 veces;
  • Consejo de Estado: 2 veces;
  • Fiscal General del Estado: 1 vez;
  • Patrimonio del Estado: 1 vez;
  • tributos del Estado: 2 veces;
  • Presupuestos (Generales) del Estado: 8 veces;
  • Unión Europea para sus Estados Miembros: 1 vez;
  • estado de gastos: 1 vez;
  • Cuenta General del Estado: 1 vez;
  • cuentas del Estado: 1 vez;
  • Organización Territorial del Estado: 1 vez;
  • territorio del Estado: 1 vez;
  • Administración del Estado: 4 veces;
  • Deuda del Estado: 1 vez;
  • delegados o colaboradores del Estado: 1 vez;
  • ingresos del Estado: 1 vez;
  • boletín oficial del Estado: 2 veces;
  • Jefatura del Estado: 1 vez;
  • Ley Orgánica del Estado: 1 vez;
  • norma fundamental del Estado: 1 vez.

Del anterior análisis pueden extraerse algunas conclusiones. Primera conclusión: todas las veces que aparece la palabra Estado con mayúscula en la Constitución española, a solas o en combinación (Consejo de Estado, Fiscal General del Estado, Patrimonio del Estado, Presupuestos Generales del Estado, Organización Territorial del Estado, Administración del Estado, Deuda del Estado, boletín oficial del Estado, norma fundamental del Estado, &cétera), el término denota un Estado: el Estado español. Segunda conclusión: en España solo hay un Estado, y este es el Estado español, punto. Tercera conclusión: las comunidades autónomas no conforman ningún estado, sino que son una división territorial del Estado español, vale decir, una parte del Estado español. Cuarta conclusión: el nivel de delirio de los separatistas catalanes comienza a ser patológicamente preocupante. Sospecho que esta gente se ha montado en su cabeza la disparatada convicción de que el Parlamento de Cataluña es el Poder Legislativo del «Estado catalán» (?); el Gobierno de Cataluña es el Poder Ejecutivo del «Estado catalán» (?) y Poder Judicial no tienen.

Mas, no, amiguitos: estados solo hay uno, y es el Estado español. Es más, se supone que el presidente de la Generalidad de Cataluña es el representante ordinario del Estado español en Cataluña (artículo 67.1 del Estatuto de Autonomía), si bien resulta palpable que estos atributos no son predicables del dispresidente Puigdemont, antiautoridad contraejecutiva a la que es imperativo desacatar.

También me he tomado la molestia de consultar el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española. Esta es la definición de golpe de Estado:

Golpe de Estado. Real Academia Española: Diccionario de la lengua española

Así pues, diccionario en mano y sin vulnerar la racionalidad semántica, con propiedad la oración «el presidente Rajoy ha anunciado un golpe de Estado de facto» habría que interpretarla como que el presidente Rajoy ha anunciado una próxima actuación violenta y rápida de las Fuerzas Armadas por medio de la que el Consejo de Ministros se va a apoderar o intentar apoderarse de los resortes del Gobierno de España, desplazando a las autoridades existentes, que son ellos mismos. ¿Eing? ¿Lo cuálo? Valoro como totalmente falto de plausibilidad que el Gobierno del Estado español intente apoderarse violenta y rápidamente de los resortes del Gobierno del Estado español, principalmente porque ya detenta dicho poder. Y, la verdad, este «autogolpe de Estado» no está resultando nada violento ni rápido, y tampoco intervienen fuerzas militares o rebeldes. Es un «autogolpe de Estado» un poco raro, estableciendo plazos y más plazos, elevando propuestas al Senado y tal. Esto lo escribe alguien que ha vivido el golpe de Estado de Tejero.

Conforme a lo dicho, la afirmación de la presidenta Forcadell no tiene ningún sentido y es decididamente absurda, como casi todo lo que sueltan por esa boca las antiautoridades de la Generalidad de Cataluña.

La frasecita de marras cobraría algo más de sentido —al menos, sería inteligible— si la interpretáramos a la luz de que la señora Forcadell & Cía. están en la ensoñadora creencia de que existe algo así como un «Estado catalán» —lo cual, ciertamente, no es el caso, salvo en los imaginativos procesos cerebrales de los catalanes separatistas. Cuánto daño ha hecho la película Matrix. Urge recetar la píldora roja al malandraje separatista catalán—. Desarrollando esta disparatada hipótesis hermenéutica, la Generalitat de Catalunya constituiría «los resortes del gobierno del Estado catalán», y Mariano Rajoy está anunciando que va a desplazar a las autoridades existentes. Acabáramos. Ahí tenemos la prueba de su solipsista creencia; por la boca muere el pez. Forcadell, Puigdemont y resto de la troupe parecen estar en la creencia de que son autoridades de gobierno de un Estado distinto del español. Cabe suponer que pronto descubrirán la realidad. La realidad objetiva, la que habita fuera de sus descaminados procesos cerebrales, no la que se han construido subjetiva y fértilmente en su cabeza.

Una alternativa epistémica menos constructivista radical (o lo que es lo mismo, menos delirante) es el pragmatismo. Las antiautoridades separatistas catalanas actúan como si la existencia de un Estado catalán fuera verdad, porque les resulta útil creerlo. Tranquilos, chicos: también existe la prueba de la verdad para los pragmáticos radicales. Si llega a producirse, la intervención del Parlamento y la destitución de todo el Gobierno de la Generalitat de Catalunya será la prueba de la falsedad de dicha pragmática creencia. Asimismo será cuando tomen conciencia práctica (= pragmatismo) de que, en el territorio español, Estado solo hay uno, y es el Estado español. Así lo dispone la norma fundamental del Estado: la Constitución española.

 

Fenómenos déjà vu (I). Segunda República (1932-1935)

Siendo presidente de la Segunda República española Niceto Alcalá-Zamora y Torres, y presidente del Consejo de Ministros Manuel Azaña, se aprobó el Estatuto de Cataluña (Gaceta de Madrid núm. 265 [21 de septiembre de 1932], 2090-2094).

Época de la II República. Estatuto de Cataluña. Gaceta de Madrid núm. 265 (21 de septiembre de 1932), 2090-2094, p. 2090

El texto de la ley establecía que Cataluña se constituía en «región autónoma dentro del Estado español, con arreglo a la Constitución de la República y el presente Estatuto». Conque no se decía nada de «Estado catalán independiente». La situación legal era aproximadamente la misma que hoy en día: prevalecía el marco constitucional y estatutario. El territorio se limitaba a las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona; no se extendía a los «Países Catalanes».

El 6 de octubre de 1934, el sucesor de Francesc Macià en la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, rompió relaciones con el Gobierno central y proclamó unilateralmente el Estado catalán dentro de la República Federal Española. El Ejército sofocó la insurrección inmediatamente; el fallido Estado catalán duró unas diez horas.

Poco después, en noviembre de 1934 y a propuesta del Presidente del Consejo de Ministros (Alejandro Lerroux García), el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, dio autorización al presidente del Gobierno para someter a la aprobación de las Cortes un proyecto de ley relativo a la suspensión de las funciones de carácter legislativo que el Estatuto de Cataluña atribuía al Parlamento de la Generalidad.

Época de la II República. Decreto de 14 de noviembre de 1934. Suspensión de las funciones de carácter legislativo que el Estatuto de Cataluña atribuye al Parlamento de la Generalidad. Gaceta de Madrid núm. 319 (15 de noviembre 1934), 1298-1299, p. 1298

En el preámbulo del decreto presidencial se expone el proceso de creación de la región autónoma de Cataluña. Tras dicha exposición, no tiene despercicio este fragmento:

Pues bien; esa Generalidad, por la conducta subversiva de dos de sus órganos —Presidente y Consejo Ejecutivo— y por la subversión de numerosos elementos del tercero —Parlamento regional—, se ha situado fuera de la legalidad y se ha incapacitado, por tanto, para continuar cumpliendo la función que el Estatuto le asigna.

Época de la II República. Decreto de 14 de noviembre de 1934. Suspensión de las funciones de carácter legislativo que el Estatuto de Cataluña atribuye al Parlamento de la Generalidad. Gaceta de Madrid núm. 319 (15 de noviembre 1934), 1298-1299, p. 1298

Fenómenos déjà vu. El resultado fue la Ley de suspensión del Parlamento de Cataluña a partir de enero de 1935:

Ley de suspensión del Parlamento de la Generalidad de Cataluña. Gaceta de Madrid núm. 3 (3 de enero de 1935), 82-83, p. 82

En comparación, el conflicto actual parece algo más suave, porque se habla de suspender el Consejo de Gobierno de la Generalidad, no el Parlamento. Alejandro Lerroux García propuso suspender el Parlamento directamente. Y eso aprobaron las Cortes republicanas de 1935.

 

Fenómenos déjà vu (II). Monarquía parlamentaria. Reinado de Felipe VI (27-10-2017)

Tengo la impresión de que hay no pocos paralelismos entre el periodo de la II República y el presente. De modo parecido a los años treinta del siglo XX, el Parlamento de Cataluña ha iniciado su proceso de independencia activando la Ley 20/2017, de 8 de septiembre, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República. Esta antiley, vomitada por el Contraparlamento de Cataluña, supuestamente configura un nuevo, onírico y fantasioso «Estado catalán». Está suspendida por el Tribunal Constitucional desde el 12 de septiembre de 2017.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional de España puede cantar misa en latín, porque para los catalanes separatistas, las sentencias del TC carecen de relevancia. Ellos, a lo suyo.

Hoy, oprobio del 27 de octubre de 2017, ha habido un momento en que estaban reunidos simultáneamente el Pleno del Parlamento de Cataluña en Barcelona y el Pleno del Senado de España en Madrid. Abreviando: el Parlamento autonómico, para aprobar la puesta en marcha de la República catalana; el Senado nacional, para frenar este despropósito con la aprobación de las medidas amparadas por el artículo 155 de la Constitución española.

Acuerdo del Pleno del Senado, por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 155 de la Constitución. Boletín Oficial del Estado núm. 260 (viernes, 27 de octubre de 2017), 103527-103528, p. 103527

Ahora ya casi estamos como cuando las Cortes republicanas de 1935 suspendieron el Parlamento de la Generalidad de Cataluña.

El filósofo hispano-estadounidense George Santayana dijo: «Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo».

Quitemos las clases de humanidades de los planes de estudio. Reinventemos la historia: da igual si no tenemos pruebas documentales o empíricas en apoyo de nuestras afirmaciones; basta con que nos creamos nuestras propias patrañas. Defendamos el constructivismo-relativismo radical desde la cátedra. Abusemos y retorzamos las palabras hasta que el guarismo 3 signifique algunas veces tres, otras veces cuatro y aun a veces ocho, según nos resulte ventajoso para nuestros fines; ¿acaso el fin no justifica los medios? Fabriquemos «posverdades» y «relatos» non stop, hasta que no distingamos realidad de ficción. Instalémonos perpetuamente en la fantasía y construyamos castillos en el aire. Manipulemos psicológicamente a las masas a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Mintamos con la misma frecuencia y naturalidad con la que respiramos. Vulneremos el principio de neutralidad ideológica que debe presidir cualquier acto educativo digno de este nombre: adoctrinemos a los infantes, a los niños y a los adolescentes. Pasteleemos políticamente hasta taponar nuestras arterias con nata y merengue. Compremos voluntades con dinero, subvenciones, comisiones del 3 % y demás. Hagamos caso omiso de todo el Derecho internacional, europeo y español imaginable. Fisionemos hasta el último átomo de seny y racionalidad. Suspendamos el juicio crítico y dejémonos llevar por nuestras veleidades y entelequias, y por nuestro sentimentalismo exacerbado. Entronicemos la doxa, la subjetividad y el «porque yo lo siento así».

Y repitamos el pasado.

Actualización de las 21:10 horas del 27 de octubre de 2017.— No, la situación del presente no es más suave. Han dicho en las noticias que el Consejo de Ministros ha aprobado la destitución del Gobierno y la disolución del Parlamento de la Generalidad de Cataluña, a más de cerrar pseudoembajadas catalanas, tomar el control de los Mossos d’Esquadra, &cétera.

 

Boletín Oficial del Estado núm. 261 (sábado, 28 de octubre de 2017)

Desde el punto de vista documental, el Boletín Oficial del Estado número 261 (sábado, 28 de octubre de 2017) va a pasar a la historia. Este diario oficial recoge la colección de reglamentos encaminados a revertir la situación jurídico-política creada por las instituciones catalanas y traer a la Generalidad de Cataluña de vuelta al redil constitucional, bien que no se van a dejar las cosas tal cual estaban (por ejemplo, hay empresas que han salido de Cataluña y no tienen intención de volver).

 

Real Decreto 942/2017

Por medio del Real Decreto 942/2017, de 27 de octubre, se acuerda el cese del presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont i Casamajó. También se destituye a todo el personal eventual adscrito a este órgano de (des-) gobierno catalán.

Real Decreto 942/2017, de 27 de octubre, por el que se dispone el cese del M. H. Sr. Presidente de la Generalitat de Catalunya, don Carles Puigdemont i Casamajó. Boletín Oficial del Estado núm. 261 (sábado, 28 de octubre de 2017), 103562-103563

 

Real Decreto 943/2017

En virtud del Real Decreto 943/2017 se dispone el cese del vicepresidente y consejeros del Consejo de Gobierno de la Generalidad de Cataluña, así como todo el personal eventual adscrito a estos cargos totalmente faltos de autoridad en varias acepciones:

Real Decreto 943/2017, de 27 de octubre, por el que se dispone el cese del vicepresidente de la Generalitat de Catalunya y de los consejeros integrantes del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Catalunya. Boletín Oficial del Estado núm. 261 (sábado, 28 de octubre de 2017), 103564-103565, p. 103564

 

Real Decreto 944/2017

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 944/2017, el presidente del Gobierno, la vicepresidenta del Gobierno, el Consejo de Ministros y los ministros —en cuanto titulares de sus respectivos departamentos— han desplazado y sustituido a los órganos equivalentes a nivel regional, asumiendo sus funciones y competencias. Es decir:

  • presidente de la Generalidad de Cataluña → presidente del Gobierno;
  • vicepresidente de la Generalidad de Cataluña → vicepresidenta del Gobierno;
  • Consejo de Gobierno de la Generalidad de Cataluña → Consejo de Ministros;
  • consejeros → ministros.

Real Decreto 944/2017, de 27 de octubre, por el que se designa a órganos y autoridades encargados de dar cumplimiento a las medidas dirigidas al Gobierno y a la Administración de la Generalitat de Catalunya. Boletín Oficial del Estado núm. 261 (sábado, 28 de octubre de 2017), 103545-103557, p. 103545

Tras su cese, el Gobierno de la Generalidad de Cataluña ha sido sustituido en pleno por el Gobierno de España. Hay que poner de relieve que toda esta gente catalana separatista cobra con cargo a los Presupuestos del Estado. Pese a su tendencia al pragmatismo-constructivismo radical, pronto van a confrontarse con la dura realidad, cuando adviertan racionalmente que han dejado de percibir sus infladísimas nóminas. También se enfrentarán a otras pragmáticas pruebas de verdad en el momento en que sean sometidos a un proceso penal. He leído en prensa que la Fiscalía General del Estado está ultimando las pertinentes querellas criminales.

 

Real Decreto 945/2017

Según el tenor literal del artículo 149.1.3.ª de la Constitución española, el Estado tiene competencia exclusiva sobre las relaciones internacionales. Evidentemente, si estás tratando de fundar un «nou Estat català», no sorprende que entre tus principales intereses estén las relaciones internacionales. En este sentido, la apertura de oficinas en el extranjero no tendría como fin la mera promoción turística de la comunidad autónoma o favorecer la actividad económica, sino que más bien hallaría su ilegítima justificación en el objetivo político de allanar el camino para un posible reconocimiento internacional de la «República catalana».

Vulnerando —cómo no— lo establecido en la Constitución, la Generalitat de Catalunya había creado una especie de red diplomática paralela a la española denominada Diplocat. Esta red contaba con «delegaciones del Gobierno de la Generalitat de Catalunya» (¿eing?) en Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Austria, Italia, Marruecos, la Santa Sede, Portugal, Dinamarca, Polonia, Croacia, Ginebra, Estrasburgo, París, Viena, Madrid y la Unión Europea. En total, dieciocho «pseudoembajadas catalanas». La remuneración del cesado secretario general de Diplocat era de 82.298,94 € anuales (2017), pagados con cargo a los impuestos de todos los españoles. Ignoro lo que percibían los «delegados del Gobierno de la Generalidad de Cataluña» en las dieciocho pseudoembajadas catalanas para realizar funciones que, hipotetizo, o bien eran redundantes en correspondencia con las que realizan los ministros plenipotenciarios y embajadores españoles, o bien posiblemente eran anticonstitucionales e ilegales. Lo que sí sé es que eran sostenidas con las aportaciones de todos los españoles. Pues qué bien, los españoles pagando el proceso separatista. Encima de putas, poniendo la cama.

Como es natural, por Real Decreto 945/2017 el Gobierno de España ha suprimido todos estos entes públicos de más que dudosa legalidad, aparte de económicamente ineficientes por redundantes. Y, como ya estamos metidos en faena, también ha suprimido la Oficina del Presidente de la Generalitat (por cuanto ha sido destituido, en adelante no le va a hacer falta), la Oficina del Vicepresidente de la Generalitat (por la misma razón), el Consejo Asesor para la Transición Nacional (la Transición Nacional se produjo en España entre finales de 1975 y finales de 1978. No necesitamos ningún Consejo Asesor para una Transición Nacional ya completamente realizada hace cuatro décadas) y la Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña (qué cara más dura, para eso tenemos jueces y fiscales, aparte del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Ese cuyas sentencias los catalanes separatistas desacatan por sistema).

Para rematar, el R. D. 945/2017 cesa la cúpula de Interior de Cataluña: concretamente, al secretario general del Departamento de Interior y al director general de la Policía. Tal vez tenga algo que ver con estas destituciones que una parte de Cataluña llama a la Policía de la Generalidad la «Genestapo». Puede que la Policía autonómica catalana esté «un poquito» más politizada de la cuenta y que la profesionalidad de sus actuaciones genere alguna que otra sospecha o algún grado de desconfianza…

Real Decreto 945/2017, de 27 de octubre, por el que se dispone el cese de distintos altos cargos de la Generalitat de Catalunya. Boletín Oficial del Estado núm. 261 (sábado, 28 de octubre de 2017), 103566-103569, p. 103566

 

Real Decreto 946/2017

Los decretos anteriores tenían como destinatarios el presidente, el vicepresidente, los consejeros y otros altos cargos de la Generalitat de Catalunya. Tampoco queda intacta la potestad legislativa catalana, ejercida por el Parlamento de Cataluña. Esta institución de la Generalidad catalana ha sido disuelta. No creo que se note mucho porque, total, su actividad estaba parada y los parlamentarios llevaban semanas sin reunirse salvo para aprobar leyes y resoluciones anticonstitucionales que eran suspendidas y anuladas por el Tribunal Constitucional. Mas reconozco que puede que eche un poco de menos las esperpénticas sesiones parlamentarias catalanas; me estaba aficionando a contemplarlas porque me gustan las artes escénicas, singularmente el circo y diversos géneros teatrales (farsa, sainete, esperpento, performance, &cétera).

Por Real Decreto 946/2017 se disuelve el Parlamento de Cataluña elegido el día 27 de septiembre de 2015 y se convocan elecciones a celebrar el día 21 de diciembre de 2017.

Real Decreto 946/2017, de 27 de octubre, de convocatoria de elecciones al Parlamento de Cataluña y de su disolución. Boletín Oficial del Estado núm. 261 (sábado, 28 de octubre de 2017), 103558-103559, p. 103558

 

Boletín Oficial del Estado núm. 262 (sábado, 28 de octubre de 2017)

Last, but not least, ha sido destituido el mayor de la Policía de la Generalidad-Mozos de Escuadra, Josep Lluís Trapero Álvarez. Esto de tener como jefe de la Policía autonómica a un individuo investigado por un delito de sedición en la Audiencia Nacional… no sé… como que chirría un poco. Pero este relevo no aparece en el BOE núm. 261, sino en el número 262, del mismo día. Josep Lluís Trapero ha sido cesado por orden del Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido Álvarez. Pues, hala, a freír espárragos.

El mayor Josep Lluís Trapero Álvarez también ha sido destituido

Yo soy sobrinonieto, hijo, hermano, cuñado y amigo de juristas. Se sigue que no tengo tanto una visión política cuanto jurídica de la movida catalana, siquiera sea por la influencia de mi entorno. Por consiguiente, no creo que haya nada que dialogar con los separatistas de la Generalitat de Catalunya que han intentantado arruinar nuestra sociedad, nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho, nuestros valores constitucionales, nuestro prestigio internacional, &cétera. Eso no implica que yo quiera que callen. Por el contrario, estoy ansioso de que digan lo que tengan que decir. Que digan lo que tengan que decir ante un juez en un proceso penal, si se constatan indicios de delito, como pienso que es el caso. Por más posmodernamente lobotomizado e infectado del virus nacionalista que esté uno, no todo vale en un Estado de Derecho.

Me resulta interesante analizar el nuevo statu quo porque se demuestra algo que he señalado repetidas veces: que de iure y hoy por hoy, estados solo hay uno en España, y el único estado que hay en España es el Estado español. También se comprueba empíricamente una manifestación que hago en clase de vez en cuando: políticamente hablando, en nuestro país solemos pasar del tolerantismo (entendido el vocablo como exacerbación de la tolerancia social y ausencia de monitorización) a que rueden cabezas (es nuestro typical spanish style de hacer las cosas, pasando de un extremo al otro). Después de años y décadas de chalaneo, observo mucha decapitación política. Puede que si se actuara antes y se atajara a tiempo la gangrena institucional, no habría que amputar miembros después. Pero preferimos aprender a base de coscorrones. Pues, nada: a seguir por este camino y a disfrutar.

 

Querella de la Fiscalía General del Estado (lunes, 30 de octubre de 2017)

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza Martín, ha interpuesto una querella criminal ante la Audiencia Nacional por la posible comisión de los delitos de rebelión, sedición, malversación y conexos. La acción penal se dirige contra todos los que fueron miembros del Consell Executiu del Govern de la Generalitat de Catalunya, en la actualidad cesados. Vale decir, los querellados son el expresidente Puigdemont, el exvicepresidente Junqueras y todos los exconsejeros del Consejo de Gobierno de la Generalidad catalana. La fiscalía se reserva la posibilidad de que la imputación pueda extenderse a otras autoridades y cargos públicos en función del resultado que pueda arrojar en el futuro la instrucción judicial.

Fiscalía General del Estado: Querella por la posible comisión de los delitos de rebelión, sedición, malversación y conexos contra todos los que fueron miembros del Consell Executiu del Govern de la Generalitat de Catalunya (30 de octubre de 2017)

Los títulos XXI y XXII del vigente Código Penal contemplan la rebelión y la sedición entre los delitos contra la Constitución y el orden público, respectivamente. El primero está castigado con penas de prisión que alcanzan hasta los treinta años; el segundo, con penas de prisión que alcanzan los quince años. Corresponde al tribunal calificar el delito, ya como de rebelión, ya como de sedición (o no aceptar ninguno de los dos).

Como yo soy pedagogo, aportaré mi visión del asunto. Enseño en clase reglas praxiológicas de inferencia tales como el modus nolens, cuya forma es la siguiente:

Si A, entonces B.
Y B es indeseable, luego
:: evitar o abstenerse de realizar A.

Con contenido, el silogismo práctico quedaría así:

Lo que estoy haciendo está tipificado en el Código Penal como delito de rebelión.
Si cometo delito de rebelión, entonces me puede caer una condena de treinta años de cárcel.
Y estar en la cárcel treinta años es indeseable, luego
mejor me abstengo de cometer el delito de rebelión.

Cualquier persona medio racional (= racionalidad prudencial y práctica, seny) comprende la validez del anterior silogismo. Aunque dicha persona no estuviera orientada por valores constitucionales y democráticos, se abstendría de cometer ciertos delitos al menos para no dar con sus huesos en la cárcel.

El asunto se complica cuando la fanática actitud de alguien le nubla el juicio. Entonces, puede que se obceque hasta el punto de ofuscar por completo su racionalidad prudencial y práctica. Dicho en catalán, quan la rauxa domina el seny, hom perd el cap. En tal caso, ni silogismos prudenciales-prácticos ni nada. Ya no digamos si se es un posmoderno radical con procesos cognitivos que rayan con el solipsismo delirante.

Sin embargo, la acción del sistema judicial puede resultar útil para poner a prueba la validez intelectual y el valor de verdad de dichas construcciones mentales. La experiencia empírica de acabar enchironado años, si no décadas, tal vez ofrezca al interesado tiempo y pruebas suficientes para revisar ciertos presupuestos epistémicos no del todo adaptativos en el mundo real —el cual funciona de manera diferente al mundo de la ensoñación, en el que todo vale—.

El fiscal general del Estado ha formulado una segunda querella ante el Tribunal Supremo por la posible comisión de los mismos delitos. En este caso, los querellados son la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell i Lluís, y los miembros de la mesa del Parlamento catalán. Todo esto va a traer cola.

 

Tribunal Constitucional (martes, 31 de octubre de 2017)

Unas líneas más arriba he dicho que últimamente el Parlamento catalán solo se reunía para aprobar leyes y resoluciones anticonstitucionales que eran inmediatamente suspendidas y más tarde anuladas por el Tribunal Constitucional. Una prueba documental más en apoyo de mi afirmación: con fecha de 31 de octubre de 2017 el Tribunal Constitucional de España ha suspendido cautelarmente la declaración de independencia aprobada por el Parlamento de Cataluña.

Nota informativa núm. 81/2017, del Tribunal Constitucional de España (31 de octubre de 2017). El Pleno del Tribunal Constitucional acuerda suspender cautelarmente la declaración de independencia aprobada por el Parlamento de Cataluña

Esta suspensión se extiende tanto a la Declaración de los representantes de Cataluña, el documento firmado el 10 de octubre de 2017 y del que hay publicado un fragmento en esta misma entrada de mi ciberbitácora, como a la declaración del inicio y la apertura de un proceso constituyente (Proceso constituyente). La Declaración de los representantes de Cataluña se correspondía con la propuesta de resolución 1 y el Proceso constituyente, con la propuesta de resolución 2 presentadas por los grupos parlamentarios Junts pel Sí y Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent ante la mesa del Parlamento de Cataluña el 27 de octubre de 2017.

En primer lugar, el Pleno de la Cámara votó y aprobó por mayoría la propuesta de resolución 2. Los partidos Popular, Ciudadanos y Socialista de Cataluña habían abandonado el hemiciclo catalán previamente en señal de protesta.

Parlamento de Cataluña. Propuesta de resolución 2. Proceso constituyente (27 de octubre de 2017). Junts pel Sí & Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent

Después, y apartándose de la forma ordinaria de votación, fue votada con voto secreto y aprobada sobre las tres y media de la tarde de ese día la propuesta de resolución 1, denominada Declaración de los representantes de Cataluña, por 72 votos a favor, 10 en contra y 2 en blanco.

En resumidas cuentas, toda la actividad parlamentaria catalana relativa al proceso separatista está a día de hoy, o bien suspendida cautelarmente, o bien enjuiciada y anulada por el Tribunal Constitucional (tienen que fallarse algunas sentencias todavía).

Por cuanto el Parlamento de Cataluña ha quedado disuelto en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, se ha acabado «jugar» a yo-voy-a-aprobar-leyes-y-resoluciones-manifiestamente-anticonstitucionales (Parlamento de Cataluña) y yo-te-las-voy-a-suspender-y-a-anular-posteriormente (Tribunal Constitucional). Aunque no sea más, estaremos tranquilos durante un lapso hasta las elecciones de diciembre.

Con todo, espanta el desmesurado e imprudente despilfarro de tiempo, energía, recursos psicológicos, materiales y personales, dinero, &cétera, que ha costado y sigue costando todo el proceso separatista catalán para acabar teniendo a un expresidente procesado y fuera del país. Ya se veía que Carles Puigdemont era un individuo que prometía e iba a llegar lejos. Tras prometer la paradisíaca República de Jauja, jugar con las palabras, cartita para arriba y declaración para abajo, y todo lo demás, de momento ha llegado destituido hasta Bruselas, que está a más de mil kilómetros al norte de Barcelona (= ha llegado lejos). Veremos si llega condenado al Centro Penitenciario Madrid V de Soto del Real.

 

Tribunal Constitucional (viernes, 3 de noviembre de 2017)

Este 3 de noviembre de 2017, el Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales y nulos los decretos de la Generalitat de Cataluña 139/2017 y 140/2017 examinados en este post. Conque se cierra el arco de esta entrada en mi ciberbitácora, que se inició el 7 de septiembre con la publicación de dichos decretos en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.

Nota informativa núm. 83/2017, del Tribunal Constitucional de España (3 de noviembre de 2017). El Pleno del Tribunal Constitucional declara inconstitucionales y nulos los decretos de la Generalitat de Cataluña 139/2017 y 140/2017 examinados en este post

Desde entonces, muchas cosas han pasado, las cuales encuentro deprimentes: medio exgobierno de la Generalidad de Cataluña en la cárcel (prisión preventiva a la espera de juicio), medio exgobierno en Bruselas, la economía española dañada, la imagen internacional y la marca España perjudicada, el turismo hacia Cataluña ahuyentado, las grandes empresas fuera de Cataluña, continua mezcla entre lo político y lo jurídico en los medios públicos (presos políticos para unos, políticos presos para otros), pragmatismo-constructivismo radical y «posverdades» a tutiplén, ruptura del orden constitucional, disturbios sociales (vandalismo, revueltas, huelgas), &cétera. Albergo la opinión de que ser español es muy difícil.

Añadiré un último comentario. El 7 de septiembre de 2017 redacté en la introducción de este post: «En esta entrada de mi ciberbitácora llevo a cabo un análisis de la anticonstitucional convocatoria de reférendum ilegal de autodeterminación por parte del (des-) Gobierno de la Generalitat de Catalunya». Bien que por aquel entonces lo tenía claro, en el fondo mis caracterizaciones (anticonstitucional, ilegal, desgobierno) funcionaban como hipótesis iniciales del posterior análisis. Quod erat demonstrandum ha quedado demostrado no solo con argumentos racionales y pruebas documentales, sino también empíricamente: el hecho sociojurídico es que la normativa catalana independentista está fuera de nuestro ordenamiento legal y no ha surtido ningún efecto, la segregación de facto de Cataluña no se ha producido y el exgobierno autonómico catalán está destituido y procesado penalmente. Ahora la introducción no funciona como hipótesis, constituye una tesis probada.

 

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