BUTIFARRÈNDUM II (septiembre de 2017)

En esta entrada de mi ciberbitácora llevo a cabo un análisis de la anticonstitucional convocatoria de reférendum ilegal de autodeterminación por parte del (des-) Gobierno de la Generalitat de Catalunya.

Decreto 139/2017, de 6 de septiembre, de convocatoria del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7450 [7 de septiembre de 2017], 1-2, p. 1)

 

Butifarrèndum II

Sigo con estupor todo «el prusés» separatista catalán. Tanto en época contemporánea como en la investigación del pasado, he visto muchas barbaridades publicadas en boletines y diarios oficiales. Por la cosa histórica, me he bajado de Internet el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña de hoy, como recuerdo del día en que el (des-) Gobierno de la Generalidad de Cataluña perdió definitivamente el rumbo.

Hoy, día 7 de septiembre de 2017, han sido publicados en Cataluña —y por ende, en España— dos diarios oficiales, con los números 7450 y 7450A. El número 7450A es el normal, digamos; el número 7450 tiene la apariencia de una edición especial que contiene solo los decretos (léase las fantasías literarias) de la Generalitat de Catalunya números 139 y 140. Especulo que ese número del DOGC debe de estar hecho a toda prisa porque no han tenido ni tiempo de paginarlo: empieza en la página 1, llega hasta la 2, vuelve a empezar en la página 1 y llega hasta la 108 (en total, ese diario «oficial» tiene 111 páginas, con un sumario por delante).

 

Fantasía animada de ayer y hoy número 139/2007

El «decreto» o fantasía animada de ayer y hoy número 139 es el decreto de convocatoria del referéndum de autodeterminación de Cataluña. Está firmado en primer lugar por el presidente de la Generalidad de Cataluña, Carlos Puigdemont i Casamajó, y a continuación por el vicepresidente y los consejeros —en su fantasioso y delirante constructivismo radical, les parecerá a ellos que si lo firma mucha gente tendrá más vigor jurídico o algo—. Esta anti-norma no reglamentaria es muy breve: consta de un artículo único y de una disposición final diciendo que entrará en vigor el mismo día de su publicación «oficial», qué risa. Fue dado anoche, con nocturnidad: está fechado en Barcelona, el 6 de septiembre de 2017. Por Internet corre la foto del individuo Carles Puigdemont firmándolo.

Decreto 139/2017, de 6 de septiembre, de convocatoria del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7450 [7 de septiembre de 2017], 1-2, p. 1)

Estas vacaciones de verano he estado buceando mucho. Me he debido de perder algo mientras estaba sumergido, porque en este Estado de Derecho que asegura el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular que se llama España o Reino de España, del que la comunidad autónoma de Cataluña forma parte, el único que puede convocar un referéndum —y eso, en los casos previstos en la propia Constitución—, es el Rey (artículo 62.c de la Constitución española).

Constitución española de 27 de diciembre de 1978. Boletín Oficial del Estado núm. 311 (29 de diciembre de 1978), 29313-29424. Artículo 62.c

Ahora tenemos que el individuo Puigdemont (junto con el resto de la troupe) va y convoca un referendo; de autodeterminación, nada menos. Entonces, con la Constitución española y un decreto publicado en un diario oficial del Estado español a la vista, y aplicando elementales reglas lógicas, he de colegir lo siguiente:

  • O bien que, mientras estaba sumergido practicando submarinismo, el individuo Carles Puigdemont i Casamajó ha devenido en conde de Barcelona y rey de España con el nombre de Carlos V de España, y yo no me he enterado —anda, que ya me vale—;
  • o bien que el individuo Carles Puigdemont i Casamajó es un presunto prevaricador como la copa de un pino piñonero, para empezar, y se arroga funciones que no le corresponden y dicta resoluciones que vulneran todo lo establecido en el ordenamiento jurídico y en las sentencias de los tribunales del Estado español, comenzando por la Constitución española y continuando por las sentencias del Tribunal Constitucional. Según sus propias palabras, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, está ultimando una querella criminal dirigida contra los miembros del Gobierno de la Generalidad de Cataluña por haber dictado los decretos de convocatoria y organización del referéndum. No obstante, eso, como es de rigor, tendrá que sentenciarlo un tribunal.

La navaja de Ockham, también llamada principio de economía o principio de parsimonia, es un principio lógico y metodológico según el cual en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Ese principio permite valorar el poder heurístico de hipótesis alternativas. Aun concediendo que pudiere hallarse la explicación de los actuales acontecimientos en la primera de mis hipótesis, aplicando la navaja de Ockham sospecho que la hipótesis más probable es la segunda.

Y digo que probablemente estemos ante un presunto prevaricador como la copa de un pino piñonero porque, claro está, si seguimos leyendo artículos de la Constitución española, resulta que pueden ser sometidas a referéndum consultivo aquellas decisiones políticas que se consideren de especial trascendencia; genial. Pero, aparte de corresponder al conde de Barcelona, rey de España y jefe del Estado español su convocatoria —o sea, a un señor que se llama Felipe de Borbón y Grecia, más conocido como Felipe VI de España, no como individuo Puigdemont—, el referéndum ha de ser propuesto por el presidente del Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados y de acuerdo con ciertas condiciones establecidas por ley orgánica (artículo 92 de la Constitución española).

Constitución española de 27 de diciembre de 1978. Boletín Oficial del Estado núm. 311 (29 de diciembre de 1978), 29313-29424. Artículo 92

Pues, no sé, estoy en la creencia de que el presidente del Gobierno de España es Mariano Rajoy Brey en el momento de redactar estas líneas, y que el Congreso de los Diputados está en la plaza de las Cortes de Madrid, no en el parque de la Ciudadela de Barcelona. No tengo constancia de que Mariano Rajoy haya hecho ninguna propuesta de referéndum. Pero igual es que ando despistado; a ver si es que tengo nitrógeno residual en mis tejidos o he quedado afectado por alguna descompresión mal hecha y estoy dando signos de deterioro cognitivo.

También está el «pequeño detalle» de que, por aquello de la democracia y de que la soberanía nacional reside en el pueblo español, en los referendos legales convocados en España la consulta se ha de extender a todos los ciudadanos españoles, y no solo a la parte de los ciudadanos españoles que le venga bien al individuo Puigdemont y sus secuaces.

«La sobirania nacional resideix en el poble espanyol, del qual emanen els poders de l’Estat». Constitución española de 27 de diciembre de 1978. Boletín Oficial del Estado núm. 311 (29 de diciembre de 1978), 29313-29424. Artículo 1. Esta versión en catalán me la he bajado del Tribunal Constitucional de España

Es que, mira tú por dónde, la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum es una competencia exclusiva del Estado (del Estado español, no de la comunidad autónoma de Cataluña). Eso está regulado en el artículo 149.1.32.ª de la Constitución española.

He dicho hace unas líneas que Cataluña forma parte de España. Estoy muy seguro de que la comunidad autóma de Cataluña forma parte de España porque así se recoge con mucha claridad en el artículo 3.2 de su Estatuto de Autonomía. Es esa parte que dice:

Cataluña tiene en el Estado español y en la Unión Europea su espacio político y geográfico de referencia e incorpora los valores, los principios y las obligaciones que derivan del hecho de formar parte de los mismos.

Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Boletín Oficial del Estado núm. 172 (9 de agosto de 2006), artículo 3

Eso por no recordar que Cataluña forma parte de España desde el reinado de Fernando II de Aragón el Católico, allá por el siglo XV. Paradójicamente, fue el barcelonés Ramón Lázaro de Dou y de Bassols, diputado provincial por Cataluña en las Cortes de Cádiz, quien fue elegido primer presidente de dichas Cortes —las que promulgaron la primera Constitución de España, la Pepa de 1812—.

 

Merrie Melodies número 140/2007

El decreto o Merrie Melodies número 140/2017 contiene normas complementarias para la realización del butifarrèndum de autodeterminación de Cataluña. Está firmado por el presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont i Casamajó, y el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras i Vies.

Es un texto de 108 páginas. Las 13 primeras páginas corresponden al decreto o cuento de Calleja propiamente dicho, y de la página 14 hasta la 108 se recoge un extenso anexo que contiene modelos de actas de constitución de mesas, de escrutinio, de credenciales de agentes electorales y hasta de observadores electorales internacionales y, entre otras paridas, hasta una declaración de principios para la observación internacional de elecciones y un código de conducta para los observadores internacionales.

Decreto 140/2017, de 6 de septiembre, de normas complementarias para la realización del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7450 (7 de septiembre de 2017), 1-108, p. 1

Me parece que no tiene desperdicio el artículo 2 de la catalana ficción número 140/2017, alusivo al «marco jurídico» relativo a la preparación, organización y/o celebración del butifarrèndum. (A ver si no va a ser que se han equivocado y el texto antijurídico debería poner «marco onírico»). Tiene bemoles que los individuos Puigdemont y Junqueras hagan referencia a un «marco jurídico» cuando ellos mismos se están pasando todo el marco jurídico mundial, europeo y español por el arco del triunfo. Es así como estos individuos realizan el principio de «lealtad institucional» que fundamenta las relaciones de la Generalitat de Catalunya con el Estado español. Esto ya no es ser caradura; esto ya es tener la faz de hormigón armado. Mon Dieu, qué desfachatez.

Ni que decir tiene que las normas jurídicas (leyes, reglamentos) emanados de las comunidades autónomas forman parte integrante del ordenamiento jurídico español en virtud del artículo 147 de la Constitución española y, evidentemente, yendo a la contra de la Carta Magna, no hay derecho de la comunidad autónoma de Cataluña que valga. Eso ya lo ha pronunciado repetidas veces el Tribunal Constitucional, la Judicatura, la Fiscalía y el sursuncorda; pero, para el individuo Puigdemont y sus compinches, como quien oye llover.

He pasado las páginas de la fábula 140/2017 así por encima, deprisa y corriendo (obviamente, no voy a perder mi siempre limitado tiempo revisando semejante alucinación en profundidad; no soy psicoanalista). Por consiguiente, mi conocimiento de ese relato es muy superficial. Me ha parecido que tenían previstas muchas cosas. Sin embargo, no he advertido que tengan preparado un kit para facilitar a los responsables la realización de las funciones electorales y desarrollar correctamente «el prusés». Creo que sería conveniente distribuir algunos de los siguientes utensilios, dado el chirigotero carácter de la convocatoria, más propio de El Club de la Comedia que de un acto político serio:

Kit chirigotero propuesto para facilitar a los responsables la realización de las funciones electorales y desarrollar correctamente «el prusés». Aclaración: El utensilio rojo es una nariz de payaso

Una de las partes más fantasiosas (o procaces) del «prusés» es el intento de internacionalizar el asunto, como si Cataluña fuera una colonia o territorio ocupado de algún modo que debiera ser descolonizado o algo así.

Decreto 140/2017, de 6 de septiembre, de normas complementarias para la realización del Referéndum de
Autodeterminación de Cataluña. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7450 (7 de septiembre de 2017), 1-108, p. 94 (anexo)

Claro que, si comprobamos la lista de las Naciones Unidas relativa a territorios que más pronto o más tarde estarán sujetos a procesos internacionales de descolonización (The United Nations and Decolonization. «Non-Self-Governing Territories»), resulta que la española comunidad autónoma de Cataluña no sale, ¡mecachis! Sucede que el propio secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Mun, señaló explícitamente que Cataluña no está en la categoría de territorios con derecho a la autodeterminación. La internacionalització del procés s’ha fotut, llàstima.

Tiene «gracia», por decirlo de la manera más suave que se me ocurre, que esta gente ose publicar «códigos de conducta» en el DOGC cuando su propia conducta incumple todos los códigos jurídicos imaginables. Menuda panda de cínicos. Quina vergonya.

Ya que a estos sujetos les gustan tanto los códigos de conducta internacionales, a ver cómo justifican lo que están haciendo sin vulnerar la racionalidad semántica y lógica a la luz de lo dispuesto en el Código de buenas prácticas sobre referendos de la Comisión de Venecia. Porque dicho texto asienta lo que sigue:

El uso de los referendos debe cumplir con el sistema legal en su totalidad, y especialmente con las normas procedimentales. En particular, los referendos no pueden celebrarse si la Constitución o una ley conforme a ésta no los estipula, por ejemplo, cuando el texto sometido a referéndum es una cuestión de competencia exclusiva del Parlamento.

Comisión Europea para la democracia a través del Derecho (Comisión de Venecia): Código de buenas prácticas sobre referendos. Estudio núm. 371/2006. Estrasburgo, 20 de enero de 2009, pp. 13-14

Eso por no mencionar que el presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha remitido una carta a la eurodiputada Beatriz Becerra Basterrechea, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, en la que declara taxativamente lo siguiente: «Any action against the constitution of a Member State is an action against the European Union’s legal framework» («Cualquier acción contra la constitución de un Estado Miembro es una acción contra el marco legal de la Unión Europea»). Más claro, agua. La internacionalització del procés s’ha refotut. Hi ha que veure: tothom és molt dolent i no ens deixen fer el que vulguem passant-nos el Dret Internacional y el Dret Nacional d’Espanya pel folre dels collons.

Carta de Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, a la eurodiputada Beatriz Becerra Basterrechea, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Paralamento Europeo. Me la he bajado de su Twitter

Con arreglo al Derecho de la Unión Europea y al Derecho de España, el butifarrèndum catalán no puede ser más ilegal, antidemocrático, anticonstitucional, grotesco y patético. Es difícil imaginar una violación más frontal y un quebranto más grosero del Derecho Internacional y del Derecho Constitucional español. La valiente eurodiputada Beatriz Becerra lo explica con rigurosa precisión:

Citando las palabras de la eurodiputada Becerra, sin duda, hay que detener esta deriva con la firmeza de las instituciones democráticas españolas y europeas, y la posición común de la ciudadanía.

 

Tribunal Constitucional de España

Naturalmente, el Tribunal Constitucional de España, reunido de urgencia esta tarde del 7 de septiembre de 2017, ya ha suspendido cautelarmente la Ley del Referéndum aprobada ayer por el Parlamento de Cataluña, así como los decretos expuestos en este post. Creo que no han pasado ni veinticuatro horas; el Tribunal Constitucional está on fire.

Nota informativa núm. 62/2017, del Tribunal Constitucional de España (7 de septiembre de 2017). El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado suspender cautelarmente toda la ficción jurídica creada por el Parlamento y el Gobierno de la Generalidad de Cataluña con relación a el proceso secesionista

Así ha amanecido el viernes, 8 de septiembre de 2017, el Boletín Oficial del Estado por lo que atañe a los decretos 139 y 140 de la Generalidad de Cataluña. Todo impugnado y suspendido:

Boletín Oficial del Estado núm. 216 (viernes, 8 de septiembre de 2017), 88202-88203, p. 88202. Impugnación del Decreto 139/2017, de 6 de septiembre, de la Generalidad de Cataluña, de convocatoria del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña

Boletín Oficial del Estado núm. 216 (viernes, 8 de septiembre de 2017), 88204-88206, p. 88204. Impugnación del Decreto 140/2017, de 6 de septiembre, de la Generalidad de Cataluña, de normas complementarias para la celebración del referéndum de autodeterminación

Se suspendió la farsa jurídica catalana. Ya vale de dar tanto el espectáculo. Qué bochorno.

 

Perspectiva pedagógica de este asunto

Sin duda, hay voces mucho más doctas que la mía para valorar todo este asunto desde un punto de vista jurídico; yo no soy especialista en Derecho. Aunque, vaya, sé juntar las palabras y comprendo eso que pone el Código Civil en su artículo 3.1:

Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.

Conque no albergo la menor duda de que toda esta movida catalana (ojo: de solo una parte de los catalanes; hay muchos catalanes no separatistas y no-friquis) falla en la forma, en el fondo, en la letra y en el espíritu de la Ley; hace aguas por todos lados y es un despropósito íntegro de principio a fin, aparte de una cacicada.

Actualización (15-09-2017).— Ayer jueves, día 14 de septiembre de 2017, las cuatro asociaciones judiciales españolas —las cuales representan a la inmensa mayoría de la Judicatura nacional— emitieron un comunicado del que he recortado un fragmento. Constato que me he quedado corto cuando he afirmado que la movida catalana era una cacicada, por lo que, basándome en dictámenes especializados, procedo a autocorregirme. No es una cacicada; aún peor: es una sarta de actos totalitarios. Fin de la actualización.

Asociaciones de Jueces: Comunicado del 14 de septiembre de 2017 (fragmento)

El análisis pedagógico es más mi campo. Estuve este pasado curso explicando en clase diversas teorías de educación moral como proceso cognitivo-evolutivo. Entre los autores más conocidos del llamado cognitivismo evolutivo moral están John Dewey, Jean Piaget y Lawrence Kohlberg.

La perspectiva pedagógica tiene su miga porque, para John Dewey, la democracia es un importante cometido de la educación y dedica el capítulo VII de su libro Democracia y educación a «La concepción democrática en la educación».

John Dewey: Democracia y educación. Una introducción a la filosofía de la educación. Madrid: Morata, 2002 (quinta edición)

John Dewey abrió el camino; Jean Piaget lo prosiguió. En su libro El criterio moral en el niño de 1932 (1984 en español), Piaget estudia la evolución del juicio moral en los niños, aplicando el método clínico. Centra su estudio en tres puntos, fundamentalmente: 1) las reglas del juego social, en lo que tienen de obligatorio para la conciencia del jugador honrado; 2) las reglas específicamente morales prescritas por los adultos y 3) la idea de la justicia.

Respecto al punto 1, las reglas del juego social, Piaget dice que «toda moral consiste en un sistema de reglas y la esencia de cualquier moralidad hay que buscarla en el respeto que el individuo adquiere hacia estas reglas» (Jean Piaget: El criterio moral en el niño. Barcelona: Martínez Roca, 1984, p. 9). En lo tocante a la práctica de las reglas del juego social, el autor distingue los siguientes estadios:

  1. un primer estadio, puramente motor e individual;
  2. un segundo estadio, llamado egocéntrico, que se sitúa en torno a los 2-5 años. Los niños en este estadio, incluso cuando juegan juntos, siguen jugando para sí, sin preocuparse por la codificación de las reglas;
  3. hacia los 7-8 años aparece un tercer estadio, que Piaget llama de cooperación naciente: «cada jugador intenta, a partir de aquel momento, dominar a sus vecinos, y por ello aparece la preocupación por el control mutuo y la unificación de las reglas» (p. 21);
  4. «finalmente, hacia los 11-12 años, aparece un cuarto estadio que es el de la codificación de las reglas. De ahora en adelante, no sólo las partidas quedan reguladas minuciosamente en los más mínimos detalles de procedimiento, sino que el código de las reglas a seguir es conocido por la sociedad entera. Los niños de una misma clase escolar dan, efectivamente, hacia 11 ó 12 años, informaciones de una concordancia notable cuando se les pregunta sobre las reglas del juego y sus variaciones posibles» (p. 21).

Me asombra que en nuestro país, en el que tenemos las reglas del juego democrático minuciosamente reguladas hasta en los más mínimos detalles de procedimiento, en el que el ordenamiento jurídico se hace público y se difunde a los cuatro vientos y hasta en Internet para facilitar su conocimiento, en cuya Constitución hay todo un título X dedicado a los procedimientos de reforma constitucional, &cétera, estemos inmersos en absurdos debates y sinsentidos acerca de si debe o no debe haber referendo catalán, de si los catalanes tienen derecho o no a votar y chorradas semejantes —habitualmente en plan anarquizante y montándose subjetivamente el personal lo que le place en su cabeza; raramente haciendo mención a la objetiva norma constitucional, que está fuera de sus descaminados procesos cerebrales— cuando, desde el punto de vista psicopedagógico, lo único que se hace es poner de manifiesto que un indeterminado número de sujetos anda por un desarrollo cognitivo-moral egocéntrico de seis años a lo más (= siguen jugando para sí, sin preocuparse por la codificación de las reglas conocidas por la sociedad entera).

Por si alguien no lo sabe, las reglas del juego democrático español están codificadas aquí, y a ellas hay que atenerse. Constitución española de 27 de diciembre de 1978. Boletín Oficial del Estado núm. 311 (29 de diciembre de 1978), 29313-29424

Antoni Bayona i Rocamora, letrado mayor del Parlamento catalán y responsable de los servicios jurídicos del Parlament de Catalunya, reconoció la ilegalidad que se estaba cometiendo en la Asamblea catalana. En cooperación con el secretario general del Parlament de Catalunya, Xavier Muro i Bas, dio orden de negarse a participar en trámite alguno a los funcionarios de la Cámara. Estos sí que demostraron haber alcanzado y superado el último estadio de desarrollo cognitivo-moral de Piaget, la etapa de codificación de reglas.

Ya no digamos si analizamos la cuestión desde la teoría de las seis etapas del razonamiento moral de Kohlberg. Según este autor, en el estadio de verdadera moralidad, el nivel más alto de razonamiento moral (nivel III), tipo 5 o moralidad de contrato, de los derechos individuales y de la ley aceptada democráticamente («Las seis etapas del razonamiento moral según Kohlberg», en Diane E. Papalia y Sally Wendkos Olds: Psicología. Madrid: McGraw-Hill, 1990, p. 473),

las personas piensan en términos racionales, valorando el deseo de la mayoría y el bienestar de la sociedad. Generalmente, se dan cuenta de que estos valores se apoyan mejor ciñendose a la ley. Aunque reconocen que a veces existen conflictos entre la ley y las necesidades humanas, creen que a largo plazo es mejor para la sociedad obedecer las leyes.

Desde mi pedagógico punto de vista, hay entre nuestros «líderes» una caterva de individuos egocéntricos maleducados antidemocráticos que no han pasado de un nivel de desarrollo cognitivo-moral infantil. Me refiero más concretamente a la primera infancia; en ese punto se quedó parado su desenvolvimiento moral. A las teorías psicopedagógicas me remito.

Luego, así nos va. Dando el cante y haciendo el rídiculo internacional, dilapidando una cantidad espeluznante de tiempo, energía y recursos en desmanes, promulgando «leyes» y publicando «decretos» manifiestamente anticonstitucionales en diarios oficiales —leyes y decretos que se suspenden al día siguiente—, deviniendo en el hazmerreír de Europa, &cétera. Ñapa es.

Aunque esto no es ninguna novedad. Ya lo explicaba muy bien Lope de Vega en su poema «A mis soledades voy», en La Dorotea (1632), acto primero, escena cuarta:

Virtud y filosofía
peregrinan como ciegos;
el uno se lleva al otro,
llorando van y pidiendo.

En 1979 fue promulgada la Ley 19/1979, de 3 de octubre, por la que se regula el conocimiento del ordenamiento constitucional en Bachillerato y en Formación Profesional de primer grado (Boletín Oficial del Estado núm. 240 [6 de octubre de 1979], 23283). En el análisis del BOE no se dice que esté derogada. Fue declarada vigente con rango reglamentario en la disposición final cuarta, apartado 2.4 de la Logse. Por cierto, la citada norma legal fue publicada hasta en catalán:

Ley 19/1979, de 3 de octubre, por la que se regula el conocimiento del ordenamiento constitucional en Bachillerato y en Formación Profesional de primer grado (Boletín Oficial del Estado núm. 240 [6 de octubre de 1979], 23283. Suplement retrospectiu núm. 1 [1979])

Aunque esa ley se mantenga en vigor, parece haberse producido un vaciamiento de la misma como resultado del devenir normativo educacional. Pienso que, aparte de revitalizar dicha norma jurídica, habría que añadir una disposición parecida a lo establecido en el artículo 148 de la Constitución de Weimar de 1919, cuyo contenido rezaba así: «Jeder Schüler erhält bei Beendigung der Schulpflicht einen Abdruck der Verfassung» («Todos los alumnos recibirán un ejemplar de la Constitución al finalizar su escolaridad obligatoria»). Mejor gastarse el dinero en ejemplares de la Constitución que en urnas y papeletas ilegales. Es patente que el desarrollo de una cultura constitucional es clave para el fortalecimiento de nuestro sistema democrático y, de paso, para ahorrarnos el show al que estamos asistiendo estos días.

(Para un conocimiento en profundidad del problema pedagógico, véase de Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell «La enseñanza de la Constitución en España. Por una cultura constitucional»). Revista Jurídica de Castilla y León, número extraordinario [enero de 2004], 239-297).

 

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